La Fiscalía del Tribunal Supremo no aceptará ningún pacto con las defensas de los procesados por rebelión que pase por rebajar la solicitud de pena de este delito a cambio de que los exmiembros del Gobierno de la Generalitat reconozcan los hechos. Según ha podido saber ABC, esta es la postura que a día de hoy que mantienen los representantes del Ministerio Público que llevan la causa del 1-O en el Alto Tribunal.
Se trata de una posición coherente con la que ha mantenido este órgano desde la interposición de la querella, el pasado octubre, ante la gravedad de los delitos por los que Puigdemont y casi todos sus exconsejeros han sido procesados: rebelión, castigado con hasta 25 años de cárcel, y malversación, penado con hasta 8 años. Una supuesta conformidad con los seis exdirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva –y que previsiblemente serán juzgados antes que los huidos– es hoy inviable.
Distinta es la situación de los procesados por desobediencia, entre los que se encuentran los exmiembros de la Mesa del Parlament que tramitó las leyes de la ruptura (Corominas, Guinó, Simó, Barufet y Nuet), cinco exconsejeros y las responsables de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel, esta última huida en Suiza. A diferencia de los anteriores, el delito de desobediencia –por el que fue condenado Artur Mas por la consulta del 9-N– no conlleva prisión, sino multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años. Sobre estos procesados la Fiscalía sí estaría dispuesta a contemplar algún tipo de acuerdo.
Conformidad
Fuentes consultadas por este diario señalan que en una de las últimas vistas celebradas ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, una de las defensas de los procesados dejó caer en un receso que los abogados estaban abiertos a llegar a un acuerdo que pasara por rebajar la pena a cambio de asumir los hechos, lo que se conoce como conformidad. Más allá de esa declaración de intenciones, la Fiscalía de momento no ha recibido ninguna propuesta formal en este sentido. Además, para que esta conformidad pudiera llevarse a cabo tendría que contar con el beneplácito de la acusación popular que ejerce Vox.
Lo que sí parece claro es que la posibilidad de que los políticos presos se inclinen por intentar llegar a un acuerdo de este tipo se encontraría con la oposición frontal de Carles Puigdemont y su entorno. Ayer mismo, y a modo de advertencia, uno de los abogados que asesoran al expresidente fugado, Gonzalo Boye, apuntó que «llegar a un acuerdo con la Fiscalía significa renunciar definitivamente, para siempre, a la independencia de Cataluña». En una entrevista en el portal Vilaweb, Boye advierte de que esta estrategia de defensa «es un error», una consideración que hace al ver que han aparecido informaciones sobre supuestos «contactos con la Fiscalía». «Tu no tienes derecho a hipotecar el futuro de una sociedad», añade el abogado, en lo que pudo leerse como una advertencia a los presos que pudiesen tener la tentación de velar por su interés por encima del de la «sociedad» catalana.
Como respuesta, y en declaraciones a Rac1, Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva, negó ser uno de los letrados que haya supuestamente intentado pactar con la Fiscalía: «Si alguien es inocente no se pacta y punto». Boye le replicó afirmando que sabía que no era su caso. Van den Eynde no desmintió, sin embargo, que otros abogados opten por una línea de defensa distinta.
Los mensajes cruzados entre los distintos letrados, y la posibilidad de que se abran dos líneas de defensa divergentes, no es más que la continuación de lo que es también una estrategia confrontada en el independentismo: por un lado, el polo irredentista de Puigdemont y Junts per Catalunya, y por otro, el polo de los pragmáticos partidarios de abrir un periodo de distensión.
