Cayo Mecenas fue un consejero político de Augusto y protector de las artes y de jóvenes poetas, como Horacio –ya en un lejano año 20 a. C.– y acabó dando nombre a una actividad que, curiosamente, siempre está bajo sospecha: el mecenazgo. Es decir, pagar con el dinero propio actividades de interés general de carácter artístico, cultural o científico. Si para los Médicis la promoción de las artes y la arquitectura en el Renacimiento era una prolongación natural de su poder, ¿a cambio de qué alguien aporta ahora parte de su renta para una actividad humanística sin ánimo de lucro? No hay más que incentivos fiscales. El régimen fiscal del mecenazgo en Estados Unidos se reguló hace 100 años, en 1917, con el objetivo de conseguir donaciones para entidades no lucrativas. En este caso, el papel del Estado ha sido en muchos sectores secundario. En España hubo que esperar hasta 1994 para hacer una primera ley, luego supuestamente mejorado en la 2002 y de nuevo a la espera de una nueva renovación. En el caso de EE UU puede llegarse a desgravar el 100% de lo donado en casos excepcionales como el huracán Katrina, aunque lo normal es el 50% en el caso de las llamadas «public charitie», o el 30% si se trata de una «private foundation» –universidad, museo o centro de investigación–. En España es sustancialmente inferior: un 25% de valor donado en caso de ser personas físicas y un 35% en caso de ser personas jurídicas o empresas. En nuestro caso, además, la donación se debe realizar a entidades no lucrativas «cualificadas» o al propio Estado. Muchos especialistas en la materia creen que más importante todavía es un cambio de mentalidad. En este último caso, se ha desarrollado un mecenazgo importante que ahora es fundamental para el funcionamiento de instituciones culturales de primer orden: Museo del Prado, Centro de Arte Reina Sofía, Teatro Real, Teatro del Liceo, incluso la Real Academia Española. Tal es la importancia que ha adquirido en el presupuesto de estas entidades que se sigue mirando al modelo francés como el más acorde con una sociedad con una gran dependencia pública. En Francia llega al 66% lo que se pueden desgravar los particulares y 75% las personas jurídicas. Es decir, filantropía, sí, pero con incentivos.
