Dos meses han pasado de la rúbrica del acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el desmantelamiento del sector 6 de la Cañada Real, y el denominado Gallinero. Los protagonistas de la firma regresan al lugar para comprobar la situación de las familias que viven en este poblado chabolista del distrito madrileño de Vicálvaro. La alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, y el presidente regional, Ángel Garrido, visitarán el asentamiento el próximo lunes.
Se trata del primer gran paso del Pacto Regional de la Cañada que acordaron estas dos administraciones públicas junto con los ayuntamientos de Coslada y Rivas, así como asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la zona, en mayo de 2017. Dicho pacto, preveía una primera fase en la que se consolidarían la mayoría de las viviendas existentes en el sector 1, en el municipio de Coslada y se ofrecerían alternativas de realojo. También incluía el desmantelamiento del crítico sector 6, un poblado chabolista que está dominado por varios clanes de la droga, así como de El Gallinero, parte del asentamiento que excede de la vía pecuaria que es la Cañada Real.
Precisamente por la circunstancia excepcional de que no se encuentra específicamente dentro del ámbito de la Cañada, Garrido y Carmena firmaron un convenio a través de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid para poder reubicar a las 150 familias censadas en el sector 6. En el acuerdo se contempla la fórmula mediante la cual se compartirán los gastos del desmantelamiento así como el plazo en el que se ejecutará. De este modo, un 40 por ciento de los habitantes serán trasladados a distintos municipios de la Comunidad de Madrid mientras que el 60 por ciento restante se distribuirá equitativamente entre los 21 distritos de la ciudad. Uno de los objetivos del acuerdo, además de poder facilitar una vivienda estas familias es el de evitar que se creen nuevos guetos en otros puntos de la región. Consistorio madrileño y Gobierno regional han aportado 9 millones de euros respectivamente para el realojo e integración social de estas familias vulnerables.
Cuenta atrás pues para la desaparición de uno de los núcleos de delincuencia y de exclusión de la capital. Y es que el sector 6 y el adyacente Gallinero suponen el extremo más conflictivo de los 14 kilómetros de recorrido problemático de la Cañada Real. A diferencia de otras zonas, con viviendas y negocios consolidados desde hace muchas décadas en terrenos no urbanizables, en el distrito de Vicálvaro tan sólo se han asentado familias chabolistas y clanes de droga en pésimas condiciones.
De hecho, a finales de 2016 los habitantes de El Gallinero en el que conviven familias de etnia gitana, así como gitanos rumanos e inmigrantes procedentes de distintos países, se manifestaron frente al Ayuntamiento de Madrid por las promesas incumplidas que les habían realizado desde el Área de Salud y Seguridad, dirigida por Javier Barbero y Asuntos Sociales, Marta Higueras, para mejorar sus condiciones de vida mientras se negociaba el realojo. Estas mejoras consistían en el asfaltado de las vías del poblado y la instalación de letrinas, entre otras cuestiones que, finalmente, no se llegaron a sustanciar adecuadamente ya que, en el caso de las calzadas el consistorio madrileño entra en conflicto con la Junta de Compensación de Valdecarros, propietaria del suelo de El Gallinero, que no quiere ningún tipo de consolidación del poblado. En el caso de los wc portátiles, desde la asociación de gitanos rumanos del poblado reclamaron la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Además de la reubicación de las familias del sector 6, la otra parte del acuerdo busca desmantelar las chabolas controladas por clanes de la droga.
Desde la desaparición de los poblados de la Rosilla, Pitis o las Barranquillas, la Cañada Real se ha convertido en el núcleo del tráfico de estupefacientes de la capital. Es el destino de los toxicómanos y la ruta que siguen las «kundas» o taxis de la droga que parten desde Embajadores. Las líneas de autobuses de EMT y regionales tienen que llevar vehículos con cabinas reforzadas para evitar conflictos con quienes acuden a comprar su dosis. Con su desmantelamiento, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid pretenden terminar con el nicho de traficantes que, actualmente, están buscando una salida a través de «narco-pisos» en barrios como Vallecas.
