No es la primera vez que el
PDECat
pregunta en sede parlamentaria por qué el Gobierno no permite a Cataluña comprar armas largas para los Mossos -ya se lo reprochaban a Juan Ignacio Zoido-. En esta ocasión sin embargo la exigencia se plantea en un contexto de sospecha ante las posibles hipotecas que Pedro Sánchez tendría pendientes de pagar a las fuerzas soberanistas que hace un mes le hicieron presidente.
En ese marco, ayer resultó especialmente llamativo que el diputado del PDECat Joan-Feliu Guillaumes se dirigiera al titular de Interior,
Fernando Grande-Marlaska
, en su primera comparecencia en comisión parlamentaria para precisarle los «deberes» que quiere imponerle su partido independentista. A saber: que se abra la posibilidad de que la policía autonómica catalana utilice armas largas en un momento -recordó- en que el nivel de alerta antiterrorista es de 4, un escalón por debajo del máximo. El ministro admitió no tener demasiado conocimiento de lo que se le hablaba, sugirió incluso que pudiera depender en parte del Ministerio de Defensa, y añadió: «Me enteraré y trasladaremos esa cuestión».
Gillaumes se remitió a la necesidad de Cataluña de equiparse ante la amenaza terrorista a la vez que ironizaba sobre informaciones aparecidas en su día en las que se daba a entender que lo que el PDECat pretendía era «armar un ejército».
Millones de cartuchos
Días después del referéndum del 1-O este diario publicó que el Ministerio de Defensa, tras una valoración de su Dirección General de Armamento y Material (DGAM), no había autorizado la compra de una serie de armas que incluían 300 subfusiles calibre 9x19 mm junto a cinco millones de cartuchos, 400 fusiles 5,56x45 mm (HK G36, como el del Ejército) con otros 400.000 cartuchos, así como cincuenta rifles de precisión .338 Lapua MAG, cincuenta rifles de precisión Whisper, cincuenta fusiles 7,62x51mm (.308Win) con 20.000 cartuchos cada uno. Previamente a la denegación de esa compra se requirió al Departamento de Interior catalán que justificara el pedido, pero «nunca se tuvo respuesta».
ABC desveló el 7 de octubre las intenciones de la GeneralitatArmas aparte, Giullaumes indicó a Marlaska que las otras dos «tareas» que esperan al Ministerio de Grande-Marlaska son el aumento «obstaculizado de manera insistente» por el anterior Gobierno, de la plantilla de los Mossos en 500 agentes y el acceso del cuerpo policial autonómico a las bases de datos de la Interpol y de Europol. La primera, recordó el ministro, «se desbloqueó» con el levantamiento del artículo 155 sobre Cataluña.
No obtuvo el diputado independentista respuesta sobre su tercera demanda, una aspiración que también compartía el Ejecutivo vasco con respecto a la Etzaintza y que fue satisfecha el año pasado después de que el PNV alcanzara un acuerdo con el gobierno de Mariano Rajoy, que incluyó la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Ese pacto sostuvo la incorporación de la Ertzaintza en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (Citco).
