La región de América Latina y el Caribe enfrenta una situación menos holgada en materia fiscal con respecto a años anteriores y los gobiernos se preguntan cómo hacer para mantener los logros obtenidos en el acceso a servicios básicos, el mejoramiento de la calidad de vida, entre otros. La idea principal es proteger a los segmentos de la población en situación de pobreza y también a aquellos en condición de vulnerabilidad que, aunque han superado el umbral de la pobreza, tienen un mayor riesgo de volver a caer en ella. Parece casi imposible, pero el secreto puede tener un componente clave: la focalización de los servicios sociales.
¿Qué es la focalización?
Las herramientas de gestión de los programas son bastante más sofisticadas de lo que eran años atrás. Muchos países cuentan con sistemas de focalización que -con un margen de error- permiten identificar a las familias en situación de pobreza, a los distritos o municipios donde la prevalencia de esta es mayor o a los grupos que resultan excluidos del acceso a servicios. También hoy en día existen mediciones periódicas, no solo de la pobreza monetaria, sino de otras dimensiones del bienestar que permiten entender la pobreza desde una perspectiva más amplia.
Recientemente, en más de una ocasión me he encontrado dialogando con autoridades de los gobiernos de la región alrededor de las siguientes preguntas:
¿Se deberían focalizar los servicios públicos de desarrollo infantil? Si se focaliza, ¿se contraviene el enfoque de derechos? ¿Focalizar o no? Sí, los servicios públicos de desarrollo infantil deben focalizarse.
¿Por qué? Mucha de la evidencia disponible sugiere que el impacto de los servicios de desarrollo infantil es mayor para los niños provenientes de hogares en mayor desventaja, que en ausencia de estos servicios, enfrentarían condiciones menos favorables para su desarrollo. Este es el caso de aquellos programas estadounidenses emblemáticos, como Perry Preschool y Abecedarian, que cuentan con evaluaciones experimentales y de muy largo plazo que documentan retornos importantes de la inversión en servicios de calidad (implementados a muy pequeña escala) dirigidos hacia niños de hogares en enorme situación de desventaja.
En la región de América Latina y el Caribe se apunta en esa misma dirección. Ofrecer un entorno seguro, estimulante, rico en interacciones sensibles, particularmente para aquellos niños que carecen de ello en sus hogares, priorizando su acceso a servicios públicos de sala cuna o jardines que ofrezcan estas experiencias. Aunque parecería una decisión de sentido común, en la práctica, no lo es. Por eso se debe focalizar.
¿Hacia quién? Sin duda hacia las familias en mayor situación de pobreza. A ellas pueden sumarse aquellas familias que enfrentan otras vulnerabilidades específicas que no están estadísticamente correlacionadas con pobreza y, por lo tanto, cubiertas por ella. Un ejemplo: las familias que experimentan niveles de estrés tóxico por circunstancias como el desplazamiento o la violencia.
El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un extenso análisis sobre la pobreza y los derechos humanos. En él reconoce que se trata de la primera vez en la historia que la CIDH “desarrolla en detalle las obligaciones internacionales del Estado para enfrentar la situación de pobreza desde un enfoque de derechos humanos” (página 15). Cito un par de fragmentos de ese documento (los subrayados son míos):
“El análisis de la pobreza basado en una perspectiva de derechos humanos, supone partir del reconocimiento de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación como titulares de derechos humanos y agentes de cambio” (página 13).
“Desde un enfoque de derechos humanos y una dimensión multidimensional… la pobreza puede definirse como una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones y la seguridad y el poder necesario para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales” (página 37).
El documento incluye una sección que analiza los efectos diferenciados de la pobreza sobre los niños, niñas y adolescentes. Describe las políticas adoptadas por los estados para el combate a la pobreza y ahonda en la política fiscal. Sobre esta última, destaca algunos aspectos particularmente relevantes desde un enfoque de derechos, entre ellos, el aseguramiento de niveles mínimos esenciales, la movilización de la mayor cantidad de recursos para la realización progresiva de los derechos, la progresividad y regresividad de los mismos y el principio de igualdad y no discriminación (página 174).
Mi lectura de esta discusión es que el propio enfoque de derechos reconoce la importancia de priorizar su atención a través de los servicios públicos, siguiendo una lógica progresiva. En otras palabras, en un mundo de recursos escasos, en el cual los fondos del estado no son suficientes para ofrecer de forma gratuita servicios de desarrollo infantil a toda la población, priorizar a aquellos en mayor situación de pobreza es consistente con el propio enfoque de derechos. Ojo, esto no quiere decir desconocer que los derechos son universales. Únicamente se reconoce que el financiamiento público para atenderlos debe subsidiar de manera progresiva, empezando por quienes se encuentran en mayor situación de desventaja.
América Latina enfrenta una realidad fiscal diferente a la de hace unos años. Afortunadamente cuenta hoy con las herramientas de gestión pública para tomar mejores decisiones de política en un contexto así. El siguiente paso es aunarlas a la voluntad política. ¿Cuán cerca está tu país de esto? Comparte tus comentarios más abajo o a través de @BIDgente en Twitter.
*Especialista líder de la División
de Protección Social y Salud del BID.
Este artículo se publicó en el blog
Primeros pasos del BID.
