Los magistrados José Francisco Cobo Sáez (presidente), Ricardo Javier González González y Raquel Fernandino Nosti decidirán hoy si mantienen en libertad provisional al guardia civil Antonio Manuel Guerrero, uno de los cinco condenados de La Manada a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven en las fiestas de San Fermín de 2016, o decretan su vuelta a prisión por incumplir una de las medidas cautelares impuestas para quedar en libertad provisional, como fue el intentar obtener un nuevo pasaporte. Sobre esta cuestión, fuentes jurídicas indicaron a LA RAZÓN que la clave de la decisión estará en la postura de la magistrada Raquel Fernandino, quien en la sentencia defendió la condena a los acusados y posteriormente avaló la puesta en libertad bajo fianza de los mismos una vez que ya fueron condenados; y ello porque todo hace indicar que el presidente del tribunal optará por decretar nuevamente la prisión del condenado, algo que su compañero González González no tiene muy claro por la sencilla razón de que abogó por la absolución de todos los acusados. En este sentido, las fuentes consultadas coincidieron en señalar que, finalmente, la Sala aceptará la petición de la Fiscalía y ordenará la prisión de Antonio Manuel Guerrero.
Además, hay otro dato más que relevante que apunta a esa dirección, y es que el tribunal ha decidido practicar una pruebas que puede resultar decisiva: la declaración de la agente de la Policía Nacional que dio la alerta de que Guerrero intentó obtener un nuevo pasaporte. Este testimonio puede ser decisivo para la decisión de los magistrados, pues no es habitual que en la celebración de una vistilla por un supuesto incumplimiento de medidas cautelares se practiquen pruebas. Guerrero llevaba tres días en libertad cuando intentó renovar su pasaporte en las oficinas de la Policía Nacional de Tablada-Sevilla, pero en ese momento la jefa de equipo de expedición le comunicó la imposibilidad de realizar ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional. Esa agente fue la dio la alerta de lo que pretendía realizar Guerrero, avisó a sus superiores y la Jefatura Superior de Policía lo puso en conocimiento de la Fiscalía de Navarra.
Una vez que el Ministerio Público recibió esa comunicación, de manera instantánea solicitó la celebración de una «vistilla» en la que pedirá su ingreso de nuevo en prisión por riesgo de fuga, «manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida» cautelar citada. La víctima instará igualmente que se decrete el ingreso de nuevo en prisión de Guerrero; mientras que la defensa del guardia civil esgrime que su cliente fue a comisaría a consultar la caducidad de su pasaporte porque «no quería tener ni el más mínimo problema».
