La extrema debilidad con la que Pedro Sánchez accedió al Gobierno ha quedado de manifiesto en el primer trámite que ha tenido que someter al Congreso de los Diputados: la renovación de la cúpula de RTVE. Entonces como ahora, la mayoría que le permitió superar con éxito la moción de censura ha servido para salvarle in extremis de su primer fracaso. Esta fórmula, entrega la radiotelevisión pública a PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas por 177 votos a favor –tres menos de los que sirvieron para echar a Mariano Rajoy de La Moncloa–, 131 nulos –a favor de la candidatura del PP–, y tres en blanco. El Gobierno anunció la aprobación de un decreto ley –que ayer se convalidó– para impulsar una dirección interina que asumiera las riendas de RTVE ante el vacío de poder actual y hasta que prosperase la ley que se tramita en el Congreso y que prevé el concurso público como el mecanismo de elección de sus miembros. El triunfalismo de la iniciativa, que se exhibió como «el fin de los viernes negros», pronto se tornó en tragedia tras descubrirse las maniobras partidistas que estaban detrás de la proposición de los candidatos a presidir el ente y de las críticas de los propios trabajadores de la Corporación, que se opusieron al nombre de Andrés Gil, quien finalmente tuvo que dar un paso a un lado.
En 48 horas, el Ejecutivo ha conseguido granjearse el apoyo de los partidos soberanistas ERC y el PDeCAT –cuyos votos eran imprescindibles ya que se necesitaba, además de la mayoría absoluta, el aval de cuatro grupos parlamentarios–. El Gobierno no ha ahorrado en continuas alusiones a un diálogo sin «cortapisas», en alusión al referéndum que exigen los independentistas, en la reunión que mantendrán Sánchez y Quim Torra el próximo 9 de julio en La Moncloa. También consiguieron los votos de Coalición Canaria y de Compromís, a pesar de que los valencianos mostraron su descontento, como la mayoría de fuerzas de la oposición, por haber sido excluidos de las negociaciones. Del pacto en RTVE se desvinculó a última hora el Partido Popular ante la negativa de los socialistas a procurarles una mayor cuota de representación en la dirección –acorde a su presencia en la Cámara–: cinco puestos, en lugar de cuatro. Los populares anunciaron que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional y, por primera vez desde la ley de 2006, se quedarán fuera de la dirección. También quedará excluido Ciudadanos que intentó hasta el final impugnar el Pleno y que, por ende, evitó participar en la votación.
La falta de acuerdo con el PP complica considerablemente el proceso, aunque no compromete su resolución positiva. La votación que tendrá lugar hoy en el Senado, para elegir a los cuatro miembros restantes de la dirección, no saldrá adelante al contar con la oposición del PP que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. El Gobierno previó este escenario y su solución: se habilitará al Congreso de un plazo extraordinario de diez días (hasta el 18 de julio) para elegir a los miembros que el Senado deje pendientes. En caso de que la Cámara Baja no llegue a un acuerdo para nombrarlos, el Gobierno nombrará un administrador único que tendrá que ser aprobado en el Congreso con el mismo sistema de votación. Los consejeros elegidos ayer fueron Tomás Fernando Flores, Concepción Cascajosa, Rosa María Artal, Cristina Fallarás, Víctor Sampedro y Juan José Baños Loinaz.
