Los detenidos en la «operación Enredadera» –que ha puesto al descubierto una supuesta trama de amaños en la gestión del tráfico en más de 40 ayuntamientos– empezaron ayer a pasar a disposición judicial y ya se ha acordado la primera orden de prisión provisional. El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Badalona acordó el ingreso en prisión sin fianza para uno de los cuatro detenidos el pasado martes en la provincia de Barcelona. Los otros tres quedaron en libertad, pero el magistrado les impuso medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los cuatro primeros detenidos en declarar ante el juez en Cataluña son dos responsables de la empresa Gespol, a quien la UDEF sitúa en el epicentro de la «trama de los semáforos», el jefe de la policía local de Tiana (Barcelona) y un técnico informático del Ayuntamiento barcelonés de Mollet del Vallès (Barcelona). Los investigadores creen que Aplicaciones Gespol (integrada en la actualidad en el Grupo Valoriza Servicios Medioambientales) se habría beneficiado de la adjudicación de contratos administrativos vinculados sobre todo a la gestión policial en administraciones locales.
Asimismo, tras tomarles declaración el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Astorga (León) dejó en libertad con cargos y sin medidas cautelares al alcalde del municipio, Arsenio García (PP), a los concejales populares Javier Guzmán y Manuel Ortiz, al edil Pablo Peyuca (PAL) y al regidor de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas (PSOE).
En la causa, que continúa secreta, se investiga la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, entre otros. Asimismo, a los detenidos se les investiga también por los delitos de falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En el marco de la causa, que investiga el juzgado de Instrucción 2 de Badalona, se han practicado 55 entradas y registros y 19 requerimientos de información en los municipios de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Lérida, Oviedo, Parla, León, Palencia, Plasencia, Mataró, Vitoria, Logroño, Málaga, Rubí y Pinto, entre otros.
Precisamente, el Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) aseguró ayer en un comunicado que su alcalde, Carlos Ruipérez (Cs), continuará en el cargo «en tanto su situación procesal no quede perfectamente definida».
