El Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros del pasado 15 de junio, un préstamo del Tesoro Público de 7.500 millones de euros a la Seguridad Social para garantizar el abono de la paga extra de verano de los pensionistas del mes de junio.
Tuvo que desembolsar entonces 17.727 millones para cumplir con las 9,6 millones de prestaciones. El préstamo se tomó del crédito de 10.192 millones de euros recogido ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, ya que el de 15.000 millones previsto en las cuentas de 2018 aún no había sido aprobado.
Pero este mes de julio, el Estado tendrá que afrontar un nuevo desafío que pondrá a prueba al sistema. Los Presupuestos de 2018 se aprobaron definitivamente la semana pasada, tras meses de tramitación y con una moción de censura de por medio que precipitó un cambio en La Moncloa.
Las cuentas del Estado fueron publicadas este miércoles en el BOE y, con su entrada en vigor, cambia también la cuantía de las pensiones desde este mes. Recogen una subida generalizada del 1,6% y una mejora adicional de la base reguladora de las de viudedad al 56%.
Así, deberá proceder también a la regularización para aplicar, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2018, ese incremento.
Por tanto, el Gobierno tendrá que pagar de golpe los atrasos de los siete primeros meses del año y asumir una factura mensual mayor hasta diciembre para abonar prestaciones de más cuantía. Un esfuerzo mayor que el Ministerio de Trabajo estima que rozará los 1.500 millones.
Esta cantidad se unirá al gasto mensual habitual que dedica el Gobierno a pagar las pensiones. Hay que recordar que esa partida superó en junio por primera vez en la historia los 9.000 millones de euros. Así que ahora, sólo en la paga de este mes, calcula que deberá destinar casi 11.000 millones a los pensionistas
En la cúpula económica del Ejecutivo admiten que los ingresos por cotizaciones sociales van a resultar insuficientes para abonar la nómina de julio a todos los jubilados.
Por ello, según explican a Confidencial Digital fuentes de la cúpula económica del Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo propondrá aprobar otro préstamo del Tesoro Público de 1.000 millones de euros a la Seguridad Social, con el que poder hacer frente a la subida recogida en las cuentas de 2018 y a los atrasos acumulados desde enero.
De esta manera, además de asegurar el pago de las pensiones, el Gobierno evita agotar el Fondo de Reserva, que tras la última disposición para abonar la paga extra de la pasada Navidad, cuenta ahora con 8.095 millones.
Tal y cómo se reveló en ECD hace unas semanas, Pedro Sánchez tiene decidido que no va a tocar ni un euro de la hucha de las pensiones.
Así lo ha confirmado a los ministros que integran la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Su plan es no recurrir al Fondo de Reserva, en ningún caso, durante los dos años que pretende permanecer en La Moncloa antes de las elecciones generales de 2020.
La hucha de las pensiones ha sufrido una fuerte caída de fondos en los últimos años. Desde 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que acudir de manera recurrente al Fondo de Reserva, que en su día llegó a acumular más de 66.000 millones
En la cúpula económica del Gobierno no se oculta la “gravedad” de la situación. Se tiene en cuenta que, cuando arrancó la crisis, en el año 2008, la hucha de las pensiones tenía 57.158 millones de euros. En 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó La Moncloa, la cantidad era de 64.374 millones.
En la actualidad, no es sólo que el remanente haya bajado a 8.095 millones, una cifra equivalente a una sola paga extra. Es que, además, la Seguridad Social era el único organismo público que comenzó la crisis con superávit y a día de hoy es el único que se encuentra en números rojos.
El Gobierno se vio obligado a reconocer ante Bruselas que el déficit de la Seguridad Social cerró el año pasado en los 18.609 millones de euros, 513 millones más que el anterior. Es decir, registró el mayor agujero de su historia, el equivalente al 1,6% del PIB.
Sin embargo, este año se prevé que el déficit sea menor por la mejora del mercado laboral. Las previsiones del Ejecutivo para el cierre de 2018 reducen los números rojos al 1,1% del PIB, equivalente todavía a 13.400 millones.
