Antonio Ávila declaró ayer que en las reuniones de trabajo entre la Consejería, la Delegación de Trabajo e IDEA «no se podía profundizar en los temas porque había muchísimos centros directivos». En estos encuentros y en otros en los que estuvo el ex interventor Manuel Gómez, «no se puso de manifiesto ninguna irregularidad». El ex consejero de Presidencia y de Economía, Innovación y Ciencia, como el ex presidente Griñán, defendió las transferencias de financiación, las cuales definió como «una manera de traspasar recursos a los entes instrumentales». El ex consejero «no conoció el convenio marco de 2001» y dijo que los parlamentarios andaluces tenían «suficiente» información y conocimiento de todo lo que aprobaba la Cámara.
Ávila aclaró que se abstuvo en la votación sobre varios convenios porque vio, «por deformación profesional» al proceder él del área de fondos europeos, «un error gramatical»: «Está claro que (un convenio) no puede ser incondicionado, tiene que ser condicionado a que se realice 'ese algo'». Ávila aludió a la crisis y señaló que en Andalucía no se produjeron «más ERE en términos relativos que en otras comunidades», como explicó en el Parlamento. Entonces dijo que «el apoyo» de la Junta fue «selectivo y no generalizado». Ayer explicó que se refirió a que las ayudas no llegaron al 8% de los trabajadores de empresas en crisis pero «no conocía los criterios de selección». Asimismo, señaló que «hasta donde conoce, Innovación no pagó de la partida 31L». Ávila atribuyó el decreto ley para regular las ayudas a «la petición de los grupos parlamentarios» con el objetivo de finalizar «los compromisos que se habían adquirido con anterioridad a 2012». «Presupongo que lo que haya tenido que hacerse se ha hecho y bien», indicó, añadiendo que «en absoluto tuvo dudas de legalidad. Lo hubiese dicho y habría pedido asesoramiento jurídico». Ávila también alegó que «no conoció la disconformidad de la Intervención con las transferencias» y que «en ningún caso» se produjo «una confabulación». «De ninguna manera puedo entender que personas de tan diferente ámbito durante una década tuviesen esa confabulación», dijo. Ávila recordó que su presidencia en IDEA «no era ejecutiva» y «no recibió los informes del control financiero permanente». La función ejecutiva de la agencia estaba en «la Dirección General». No obstante, señaló que estaba «conforme con la política de cohesión social». También indicó que por parte de los parlamentarios «hay posibilidad de conocer al grado que se quiera la ley de Presupuesto» y que «el IFA no era libre para tomar la decisión de dónde gastaba el dinero». Según Ávila, los diputados tenían «suficiente información» del programa presupuestario que financiaba las ayudas investigadas» y además disponían de la Oficina de Control Presupuestario y podían preguntar a la Intervención.
