Rosario Lobo, ex jefa del servicio de Fiscalización de la Intervención de la Junta, participó en la revisión de alrededor de una veintena de expedientes de la Dirección General de Trabajo que le llegaron, «con poca documentación y desordenados», en carpetas colocadas en cajas. Tras analizarlos elaboró unas «notas» que acabaron formando parte de un informe adicional a otro de cumplimiento. Ayer habló en el primer juicio parido del «caso ERE» de aquel trabajo y confirmó que detectó «irregularidades administrativas». La Fiscalía le preguntó si en algún momento creyó que existía «posibilidad o riesgo de menoscabo» de fondos públicos y respondió que en la documentación que ella examinó no. ¿Por qué?, replicó el Ministerio Público. Lobo fundó su negativa en que no vio documentos de pago ni nada similar, pero sí advirtió que se estaban tramitando «unas subvenciones de una forma irregular administrativamente». A su juicio, debieron ser ayudas «excepcionales» sometidas a fiscalización previa. Por su parte, María Luisa Raya, interventora desde 2013 del Control Financiero Permanente de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que declaró en la sesión de tarde, avaló la tesis de la Fiscalía ya que declaró que, a su juicio, las ayudas se entregaron sin fiscalización previa y sin control hasta 2011, utilizando para ello de manera irregular las transferencias de financiación. Raya también ratificó los desfases presupuestarios que padecía la agencia IDEA y que al cierre de 2009 cuantificó en 2,7 millones. Igualmente, aseguró que ha hecho algunas consultas a la actual Consejería de Empleo –de la que depende IDEA– sobre determinados expedientes sin obtener respuesta.
