En la contabilidad de Crespo Gomar SL aparecen facturas de trabajos que esta empresa realizó a compañías como Hospimar 2007, Metrovacesa, Lubasa, Egevasa y Burguer King. Sin embargo, los ex trabajadores afirman no haber realizado campaña alguna para estas compañías.
Estas declaraciones vendrían a confirmar las sospechas de la Policía y que apuntan a que estas empresas pagaban los servicios de comunicación y publicidad que Crespo Gomar realizaba al PSPV y al Bloc.
Así lo recoge un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) dirigido al juzgado de instrucción número 1 de Benidorm que investiga si el PSPV pudo financiar de manera ilegal la campaña electoral de 2007.
El documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, explica que desde febrero de 2017 hasta que se emite el informe, fechado en marzo de este año, los investigadores se centraron en rastrear los contratos públicos adjudicados a la empresa Crespo Gomar y otras firmas vinculadas a la misma.
Posteriormente, la Intervención General del Estado analizó siete contratos concluyendo que en todos los procesos de adjudicación «se habían incumplido reiteradamente la legislación aplicable sobre la materia».
A raíz de esta afirmación, la UDEF entrevistó a ex trabajadores de esta empresa «ante la posible repercusión penal de los hechos y al objeto de poder individualizar las posibles responsabilidades penales tanto en las empresas adjudicatarias como en la Administración Pública».
Se seleccionó a varios ex empleados- en 2011 presentó concurso de acreedores- que negaron «haber participado en ninguna campaña publicitaria que tuviera como destinatario esas empresas». Además, no tenían constancia de que sus compañeros lo hubieran hecho para «Hospimar 2007, Metrovacesa, Lubasa, Egevasa y Burgur King».
Ligada a socialistas
El presidente de Crespo Gomar, una empresa con sede social en Gandía, era Alberto Gomar. Su padre fue el teniente de alcalde en la legislatura en la que el socialista José Manuel Orengo, todavía hoy asesor del presidente Ximo Puig, era alcalde de esta localidad.
La nómina de pesos pesados socialistas se completa con José Ramón Tíller, quien ya fue asesor del ex presidente de la Generalitat, Joan Lerma. Hoy es director de expansión y comunicación de Egevasa, una empresa pública de la Diputación de Valencia.
Tíller es uno de los 26 investigados en la causa por financiación irregular y que ocupan un cargo público. En esta lista está también el exalcalde de Benidorm y edil del PSPV, Agustín Navarro. Fuera de la política pero también investigada está la exdirectora general de Consumo y candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Etelvina Andreu.
Delito electoral, prevaricación o malversación
El auto del juzgado de instrucción número 21 de Valencia del pasado mes de enero concluyó que existen indicios de un posible delito electoral en la campaña de 2007 en el PSPV y en el Bloc. Los hechos también podrían ser constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.
