Brasil ha sufrido en los últimos días una crisis de desabastecimiento debido a la huelga de camioneros que se extendió por todo el país. Las gasolineras quedaron colapsadas, los supermercados se vaciaron y los hospitales sufrieron falta de medicinas. Los transportistas protestaban por los precios del combustible, que casi se han duplicado desde 2016. Su órdago funcionó y obligó al Gobierno a hacer concesiones
El pasado domingo, el Ejecutivo de Michel Temer pactó con el gremio de los camioneros un acuerdo temporal para terminar con el paro; sin embargo, cientos de transportistas hicieron oídos sordos y siguieron con su protesta bloqueando carreteras en diferentes estados de Brasil con el fin de reclamar al Gobierno más garantías para reducir el precio del diésel.
El 87% de los brasileños dice apoyar la huelga iniciada por los camioneros hace diez días. El malestar se ha extendido a otros sectores. En este contexto, los sindicatos de Petrobras han hecho caso omiso a la prohibición de hacer huelga, establecida por el Tribunal Superior del Trabajo. Una magistrada de este tribunal consideró que la huelga sería abusiva e impuso una multa de unos 135.000 dólares en caso de incumplimiento.
Al caos generado por el paro en el transporte se suma desde hoy una huelga de tres días en la compañía estatal de petróleo Petrobras para respaldar las exigencias de los camioneros. El precio de los combustibles ha subido como consecuencia de la devaluación del real y de las turbulencias de los mercados internacionales. “La expectativa de la subida de los tipos de interés en Estados Unidos impactó en los países emergentes más débiles, como Turquía y Argentina. Brasil está menos expuesto, pero esta devaluación le ha acabado afectando”, explica a LA RAZÓN Alfredo Arahuetes, profesor de Economía en la Universidad de Comillas.
La Federación Única de los Petroleros, que agrupa a la mayoría de los sindicatos de empleados de las petroleras, también ha puesto sobre la mesa una de sus principales inquietudes, que no es otra que la posible privatización de Petrobras, la mayor empresa de Brasil, una vieja aspiración de ciertos sectores del país que respaldan al actual presidente.
Brasil está saliendo de una recesión económica que restó casi un 8% de su Producto Interior Bruto en dos años en medio de una crisis originada por varios factores. “El año en que ganó las elecciones Dilma Rousseff (2014) comenzó a producirse un cambio de ciclo con la caída del precio y de las exportaciones de las materias primeras. En ese momento, la Reserva Federal de EE UU dejó entrever la necesidad de retirar los programas de estímulo, con lo que los flujos de capital comenzaron a retirarse de los mercados”, explica el profesor Arahuetes. “Después, Brasil optó por un cambio de rumbo más ortodoxo. Poco después surgieron los casos de corrupción de Lava Jato. Eso afectó a las grandes constructoras y a la petrolera Petrobras, con la consiguiente caída de la inversión y del empleo”.
La actual crisis por la subida del precio del diésel se produce a tan solo unos meses de las elecciones presidenciales de octubre. Lula da Silva, el preferido por una mayoría de votantes, sigue en la cárcel. El ex presidente y el candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro son los que más apoyo reciben en las encuestas.
