El Gobierno pretende reforzar la normativa que rige el urbanismo español. El anteproyecto de ley que ultima el Ejecutivo para frenar la «anulación en cascada» de los planes urbanísticos también limitará la acción pública utilizada en este ámbito, equiparándola a la que rige los proyectos medioambientales. En la práctica, se impide que cualquier persona jurídica pueda impugnar un proyecto de estas características.
Lo cierto es que el desarrollo urbano en España ha sido tradicionalmente un proceso complejo y en multitud de casos han sido recurridos. Como consecuencia, en los últimos años un buen número de asociaciones se han constituido con el único fin de impugnar determinados proyectos. Con esta modificación, será necesario que el recurso sea interpuesto por organizaciones sin ánimo de lucro que estén implantadas en el territorio al que afecta el plan, tengan entre sus fines la protección del medioambiente y urbanismo y cuenten con una trayectoria de, al menos, dos años. Además, se mantiene que toda aquella persona que tenga un derecho o interés legítimo en el proyecto pueda presentar también su propio recurso.
Tal y como adelantó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el anteproyecto de ley también evitará, en muchos casos, la anulación completa de los planes urbanísticos, lo que dotará de mayor seguridad jurídica al sector y evitará consecuencias anulatorias desproporcionadas. Hay que tener en cuenta que en los últimos años muchos planes urbanísticos han sido tumbados en los tribunales, incluso cuando solo contaban con algún defecto formal. Como consecuencia, en un buen número de ciudades se han aplicado los planes anteriores. Algunos, con varias décadas de antigüedad.
La nueva ley, que deberá contar con el respaldo parlamentario, reduce el impacto de estas impugnaciones. En concreto, contempla que existan disposiciones generales y actos administrativos dentro de un mismo plan. Los primeros se mantendrán en cualquier caso inamovibles, pero los segundos sí se podrán modificar, al tener la consideración de anulabilidad. De esta forma se tendrá la opción de subsanar el defecto concreto y salvar así el proyecto.
Esta medida, explican desde el departamento, ha contado con un «amplio respaldo» en el sector jurídico. El anteproyecto, que ha sido presentado hoy por el ministro de Fomento en la Conferencia Sectorial de Vivienda, deberá ser respaldado por el Congreso de los Diputados. Un trámite que Fomento confía en solventar debido a que la inestabilidad jurídica del urbanismo ha afectado a todo tipo de administraciones.
Consenso
Una vez obtenga luz verde, la ley tendrá un impacto inmediato. Es decir, los planes que ya hayan sido aprobados y se impugnen ahora estarán sometidos a este sistema. Según destacan estas fuentes, esta reforma ya había sido reclamada tanto por comunidades autónomas (que mantendrán todas sus competencias en este ámbito) como por magistrados. Además, también cuenta con informes favorables por parte del Ministerio de Justicia.
