La ONU instó hoy a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores, y aseguró que existen "fuertes indicios" de que estos crímenes fueron cometidos por una fuerza federal de seguridad.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, hizo este llamamiento en un comunicado después de que su representación en México documentara la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, entre febrero y el pasado 16 de mayo.
Sin embargo, una organización local de derechos humanos afirma que han sucedido al menos 40 desapariciones en ese período.
De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU, la desapariciones habrían sido perpetradas por miembros de una fuerza de seguridad federal.
Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o circulaban por carreteras y, según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y tiroteados.
"Muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horroroso que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años", señaló Zeid.
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"Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes", recalcó.
El alto comisionado señaló que, a pesar de la amplia información y evidencia existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo que les ha sucedido.
En algunos casos, las familias han emprendido sus propias búsquedas, sin ningún tipo de protección, y así han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos seis víctimas.
Varias personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días.
"Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia", sostuvo Zeid.
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"También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas", añadió.
El 10 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, entre otras, a la Secretaría de Marina, para proteger a la población civil de Tamaulipas, pero aún así al menos tres desapariciones ocurrieron posteriormente, según la ONU.
"Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones", señaló el alto comisionado.
"Lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas", destacó.
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En este sentido, recordó que los "estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población".
