Con las recientes revelaciones de Sea Search Armada (SSA), la empresa de cazatesoros con la que el Gobierno de Colombia firmó un contrato en 1980 para concederle la explotación del galeón San José, relativas a que las coordenadas de ubicación del pecio habrían sido robadas a uno de sus expertos, ha caído el mito fundacional del proyecto del presidente Juan Manuel Santos para el galeón San José, hundido en 1708. Y el futuro del proyecto del todavía presidente se sitúa sobre la sombra de una nueva sospecha.
Desde que en diciembre de 2015 se anunciase el hallazgo del galeón, Santos acuñó una versión mitificada, casi de cuento, sobre la misteriosa visita de un viejo experto de barba blanca que llevaba cuarenta años dedicado a la búsqueda del San José y que habría encontrado pistas sobre el paradero de los restos en un «mapa del tesoro». Mucho se especuló con la identidad de ese viejo lobo de mar y las pistas encerradas en un mapa del entorno de Cartagena, hallado en la Biblioteca del Congreso de EE.UU., que contendría detalles sobre unos bajos e islotes relacionados con el «tesoro», pero lo cierto es que aquello no convenció a nadie. Primero porque los mapas antiguos no tienen la precisión de las coordenadas GPS. Además porque los detalles del mapa son archiconocidos. Y además porque la búsqueda del pecio se llevó en tiempo récord. ¿Pero quién era el informante misterioso al que Santos envolvía en dulces consideraciones?
En las últimas semanas el propio gobierno colombiano ha sido quien reveló que la persona que puso a Santos sobre la nueva pista del galeón fue Roger Dooley, que tiene la barba blanca pero no es un viejo lobo de mar, sino un viejo cazatesoros entrenado con una empresa con base en Ontario, llamada Visa Gold, y que, después de acusaciones de fraude, se hizo muy famoso en Cuba por montar la empresa Carisub con Fidel Castro para extraer riquezas de los naufragios con tesoro, como ya relató ABC.
Un comunicado hecho público por Sea Search Armada aclara de dónde pudo haber sacado Dooley la información concreta sobre la ubicación del San José. Lo gracioso de este documento es que revela que Roger Dooley fue empleado por SSA, entre 2000 y 2003, como parte de IOTA Partners, la empresa que desde 1988 fue encargada de la financiación y la administración de SSA. La empresa
acusa ahora a Dooley de haber tenido acceso a los archivos digitalizados sobre sus actividades pasadas en Colombia, dos décadas de documentación relacionada fundamentalmente con el San José. Cabe recordar que el Gobierno de Colombia y SSA pleitearon durante dos décadas en tribunales estadounidenses y colombianos por los derechos sobre el San José, en una demostración más de que los tratos con cazatesoros acaban siempre mal para los gobiernos. Colombia fue condenada a pagar, en el caso de que el galeón apareciera finalmente donde SSA dijo que estaba, con la mitad de todo lo extraído. Desde que Santos anunció el hallazgo del San José, SSA le ha acusado de que la localización coincide prácticamente con la que ellos dieron al Gobierno de Colombia en los años ochenta, algo que Bogotá ha negado repetidamente, aunque manteniendo el secreto de Estado sobre toda la operación.
SSA tiene claras las motivaciones de Dooley y el modus operandi de Santos. En 1997 Colombia aprobó una ley que prohibía conceder a ninguna empresa los objetos relacionados con los naufragios. Y eso cambió en 2013, cuando Santos logró pasar una nueva ley que permite pagar a los cazatesoros hasta con el 50% de los tesoros del galeón, monedas, lingotes y cargas industriales, es decir todo objeto manufacturado. Por este motivo, para la compañía norteamericana SSA es mucha casualidad que fuera en 2014 cuando el viejo lobo de mar se encontrase secretamente con Santos y le susurrase las coordenadas de una localización del San José, o como dijo Santos, le entregase «el mapa del tesoro» nunca antes conocido.
El director gerente de SSA, Jack Harbeston, se pregunta: «¿Por qué Santos mantuvo en secreto la participación de Roger Dooley en todo este asunto? Si no hay nada que ocultar, ¿para qué el secreto?» El comunicado señala que, de hecho, esa circunstancia está siendo investigada tanto por los periodistas como por el Procurador General colombiano. Y, añade Harbeston: si esa investigación se mantiene, con seguridad saldrán a la luz otras «coincidencias» que han permanecido ocultas. Para SSA, lo que retrasó hasta 2014 el inicio de los contactos ha sido «la corrupción detrás de los tesoros del galeón San José».
Volviendo a Dooley, sabemos que se le ha visto en Cartagena desde enero de 2016 en compañía de Santos y ha estado participando activamente en las operaciones. Pero lo que ha revelado la empresa SSA es que mientras fue su empleado trabajó en una explotación concedida por el Gobierno de Estados Unidos para excavar con un galeón de Manila hundido en las Marianas (un tema del que el Gobierno de España debería hablar con Washington y la NOAA, con los que se han firmado acuerdos para respetar el patrimonio cultural sumergido de origen hispánico).
El caso es que, mientras trabajaba en el Pacífico, Dooley habría podido tener acceso directo a los archivos. La hipótesis de SSA se basa en que con esos archivos, Dooley habría dejado pasar tiempo suficiente, a la espera de que el marco jurídico colombiano cambiase (en parte gracias a presiones de cazatesoros como Burt Webber y Bob Marx, que influyeron en la gestación de la ley 1675/2013). Una vez logrado, habría pactado con Santos convertirse en el originador del proyecto, cosa que hizo personalmente en enero de 2015.
