Se puede decir que tenían buen “guanxi”, un término que los hombres de negocios chinos atribuyen a algo así como la “confianza” a la hora de hacer relaciones laborales pero que tiene más que ver con el trato personal. Para ellos, es clave para que un negocio sea exitoso y, a juzgar por los beneficios que acumuló la última organización criminal desmantelada en el marco de la operación "Canito Alfa Brexit", el “guanxi” con quienes trataban (compatriotas afincados en nuestro país y españoles de etnia gitana en su mayoría) era más que excelente. Nadie puede competir con la visión de mercado y la capacidad de reinventarse del comerciante asiático y hace un par de años encontraron un nicho de mercado que aportaba tantos beneficios que la Policía ni siquiera puede estimar del volumen de negocio del que podríamos estar hablando. Como ocurre siempre con los estupefacientes, se sabe lo incautado, no lo que han pasado. El negocio tampoco aparenta ser complicado, pero son ellos quiénes se han hecho con los mandos. Se trata del cultivo y la exportación de marihuana, principalmente a Reino Unido. ¿Por qué? Desde la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional, que acaba de asestar un duro golpe a estas organizaciones junto con la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid y la Guardia Civil, lo atribuyen a tres principales factores.
En Reino Unido la marihuana triplica su valor con respecto a nuestro país (y ha subido en los últimos meses), la laxitud en la legislación española con este tipo de estupefacientes y la forma de aprovechamiento urbanístico de España. “Por La Mancha y por muchas zonas de la geografía española hay mucho terreno disperso fuera del control policial: casas de campo desperdigadas o polígonos industriales apartados de los núcleos urbanos con naves semi abandonadas”, explica el jefe del Grupo V de la Ucrif de Madrid, especializado en ciudadanos chinos. Es ahí donde montan inmensos cultivos indoor con miles de plantas de cannabis. Esta coyuntura, unido a la “ultradiscrección” que siempre ha caracterizado a los ciudadanos chinos -más aún cuando tienen algo ilegal entre manos-, dificulta muchísimo la detección de las plantaciones.
Pero la complejidad de estas investigaciones responde también al tipo de estructura de estas mafias y a que diversifican tanto los riesgos que es difícil pillarles en un "renuncio" importante. Al contrario que la mayoría de las estructuras jerarquizadas que están acostumbrados a ver los expertos en crimen organizado, las organizaciones chinas que se dedican a estos menesteres son mucho más heterogéneas, con mil matices. "Son más horizontales, incluso actúan como autónomos. Tienen otra forma de trabajar, aquí no hemos detectado peleas entre ellos por controlar el negocio porque hay para todos", reconoce el jefe de grupo de la Udyco Central.
Para echar a andar el proyecto "sólo" necesitan dinero y espacios a alquilar donde montan los cultivos. Para lo primero, según explica un agente del grupo 14 de la Udyco de Madrid -que también han hecho varias operaciones contra estas mafias-, "reúnen a cuatro o cinco empresarios que pueda poner 50.000 euros por cabeza, por ejemplo. Firman un contrato por el que cada uno recibe unos 2.000 euros mensuales. En dos años ya lo han amortizado". A veces ni preguntan para qué es pero lo que ocurre con frecuencia es que al ver que este negocio no es complicado, se animan y luego cada uno lo monta por su cuenta: "Se ramifican y en vez de un cabecilla, ya tenemos a cuatro", explica un agente. Ya con el capital necesario, el encargado de poner en marcha el proyecto alquila viviendas adecuadas (de campo, generalmente, apartadas) o naves industriales. Para ello presentan documentación falsa de compatriotas. Las compran, según fuentes policiales, por hasta 900 euros. El que la ha vendido acude a denunciar el extravío o robo de la misma y así, si llega cualquier problema (enganches ilegales de luz etc), él no es responsable.
Con la nave o vivienda ya alquilada (si es con sótano, mejor), montan el cultivo indoor. No es una infraestructura muy sofisticada. "Primero, forran con pladur la zona de semilleros: compartimentos estancos para concentrar el calor y la humedad idóneas para que salga el brote. Después, lo sacan a la plantación y esperan que crezca hasta la altura necesaria con la luz y el calor adecuados", explica un inspector. Todo esto requiere unos conocimientos muy específicos y depende también de cada variedad de marihuana. Para que todo este montaje se mantenga en condiciones óptimas perfecto para el crecimiento de las plantas, un experto asesora al respecto. Los agentes llaman a este eslabón de la cadena “jardinero”. "Puede ser de aquí pero a veces ha venido de Reino Unido, porque sabe lo que espera alli el consumidor del producto". Para evitar los indiscretos olores que desprende el cannabis instalan unos extractores que se pueden comprar por internet o en los llamados “growshop”. Éstos cuentan con unos filtros donde quedan las partículas que desprenden el olor. Y en preparar todo esto es prácticamente en lo único que se gastan el dinero porque la luz la enganchan siempre de forma ilegal. El consumo es desorbitado y, como en todo, han ido perfeccionando su sistema. Si en sus primeros cultivos se atrevían a enganchar al de la nave industrial de al lado (las víctimas lo detectaban en la siguiente factura, denunciaban y se investigaba, por lo que daban con ellos) ahora lo hacen al alumbrado público, por lo que es indetectable. Como mucho, explican los agentes, se puede determinar un consumo más elevado en equis calle. “Tienen una precisión de neurocirujanos”, resaltan los agentes, que explican cómo en una nave habían excavado varios metros para sacar los cables justo por el punto idóneo para engancharlo a la luz pública. Después de la recolecta de los cogollos, los dejan una semana desecar para que pierda humedad y los envasan al vacío.
Al cuidado de cada plantación (tanto en nave como en casas particulares) suelen tener a un compatriota “interno” en condiciones de semiexclavitud. A menudo se trata de ciudadanos sin papeles a quienes suelen llevarle comida para que no salga para nada al exterior (deben dar apariencia de que está deshabitada) y el "jardinero" le proporciona las nociones básicas de tiempos, cantidad de agua para regar, luz etc. Uno de los agentes asegura que las condiciones de estos cuidadores son lamentables: "El último que vimos en un chalet de El Molar no sabía ni dónde estaba. Ni siquiera si estaba en España".
Hay algunos "empresarios" que controlan 7 o 8 cultivos. Y es que los tienen separados para diversificar riesgo, en caso de que los investigadores se topen con uno. Pero los cultivos están sincronizados de tal forma que, si hay producción cada tres meses, lo preparan para tener recolecta cada semana en cada uno. "Todo empieza y termina en ellos", insisten desde la Policía.
El "jefe", que en realidad es el cliente (el compatriota que la va a distribuir por Reino Unido) suele venir para comprar la mercancía y en ocasiones se ha podido echar el guante a alguno por la frecuencia con la que volaba a España. El comprador acuerda su mercancía a través de algún intermediario que controle varias explotaciones o de varios "autónomos". El dinero lo mueven en efectivo o a través de cuentas chinas y ahí "ya es imposible entrar, no hay ningún control", reconocen los agentes.
Una vez cerrado el trato, toca exportarla. Según los expertos, los únicos que se la juegan de verdad son el cuidador y el transportista o "taxista",que son quienes están en contacto con el estupefaciente. Como también aquí diversifican el riesgo, sus envíos -siempre ocultos en productos de apariencia legal-, no esconden muchos kilos pero sí hacen muchos. De esta manera minimizan pérdidas y condenas en el caso de que un paquete sea interceptado.
Se valen de operadoras de transporte internacional o de las empresas de paquetería normales. Camuflan las cajas con los cogollos envasados al vacío en artículos legales como prendas de ropa o productos "made un China" que ellos importan. "Cómo es dentro de la UE no hay apenas control de mercancías", reconoce un inspector. Un poco más elaborado fue el sistema que emplearon en una organización desmantelada el mes pasado por la Udyco de Madrid. En una nave de la calle Industrias de Alcorcón recepcionaban la marihuana de los cultivos, a modo de cooperativa pero en una nave de la calle Químicas, al lado, la envasaban y daban salida. Un día llegó un camión del Leroy Merlín con un palé de pintura. Vaciaron los botes (vertiendo al desagüe producto contaminante, otro delito) y metieron los cogollos envasados al vacío allí. Cómo les agentes vigilaban ya de cerca, dejaron que la llevaran al puerto seco de Coslada y allí, tras pasarle el escáner, la interceptaron. "Cómo vieron que las prendas las habían interceptado hacía poco, intentaron con los botes de pintura. La facilidad que tienen para cambiar de sistema es asombrosa".
Los agentes destacan que el código penal español solo castiga con penas de uno a tres años de cárcel este delito por ser considerada droga blanda, a pesar de que el principio activo de esta droga ha subido del 8 al 11% en los últimos dos años, es decir, que es más dañina para la salud. No obstante, destacan que la Fiscalía y los jueces sí se están tomando últimamente este problema más en serio y empiezan a ver prisión provisional para los detenidos. Ellos, los ciudadanos chinos dedicados a esto, se están dando cuenta de que las cosas se empiezan a complicar y se están trasladando a Portugal, según fuentes policiales.
