Un acuerdo del 26 de julio de 2001 de la Generalitat aprobaba el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana en el que mediante convocatoria pública se ecogerían los proyectos que instalarían parques en 15 zonas que se sacaron en bloque a concurso. El procedimiento, que ya generó polémica en ese momento, es ahora investigado en el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia por formar parte del caso Erial.
Las sospechas se centran en que el entonces jefe del Consell, Eduardo Zaplana -para quien la juez ordenó prisión el pasado jueves-, amañó las adjudicaciones -al igual que las de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en 1997- para que recayeran en determinadas sociedades. Una de ellas vinculada a Sedesa y al grupo empresarial de la familia Cotino (Vicente Cotino, empresario y sobrino del ex director general de la Policía Juan Cotino).
A cambio de ello, habría recibido comisiones (los investigadores calculan que 10,5 millones de euros), cuyo dinero ocultó posteriormente en paraísos fiscales para después tratar de que volviera a España. Un proceso de blanqueo para el cual se habria servido de sociedades pantalla, testaferros y asesores fiscales -como Joaquín Barceló o Francisco Grau, ambos también en la cárcel- o despachos de abogados.
Uno de los argumentos determinantes para que la juez mandara a Zaplana a prisión fue, de hecho, el cobro de 6,5 millones de euros por parte de la familia Cotino a través de un ingreso en una cuenta en Luxemburgo perteneciente a la empresa Imison International SA. Según revelaron varios medios este fin de semana, ha sido gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina de espía Francisco Paesa, quien entregó al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Expedientes
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado durante varios días las instalaciones de la Conselleria de Economía para revisar todos los expedientes relacionados con el plan eólico. Las preadjudicaciones fueron conocidas en 2002 y las definitivas se produjeron en 2003. El reparto se lo llevaron en su mayoría empresas en unión temporal y las más beneficiadas resultaron Renomar, Guadalaviar y Proyectos Eólicos Valencianos. Junto a ellas figuraban Eólica de Levante (formada por Elecnor, Colortex y Eléctricas Vinalopó) y Nuevas Energías Valencianas (Nevag y Umweltkontor Renovable Energy).
Renomar recibió 23 parques eólicos en cinco demarcaciones. En el momento de la preadjudicación estaba integrada por Iberdrola (a través de Energía Hidroeléctrica de Navarra), Energías Eólicas Europeas y Fernando Roig. Posteriormente, Acciona se hace con EHN e Iberdrola -tras su separación- deja de formar parte del consorcio. Su responsable desde julio de 2004 fue el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, José Manuel Uncio.
Guadalaviar se llevó también cinco zonas. Estaba participada igualmente por Acciona junto a Elecnor. Precisamente a esta primera empresa fue a parar José Monzonís, director general de Industria y responsable directo de la tramitación de la convocatoria del plan eólico, un año después de cesar en el cargo en 2005.
Por último, se encuentra Proyectos Eólicos Valencianos, que se quedó con tres áreas y en la que se sitúa especialmente el foco de la investigación. La sociedad estaba participada por Endesa, Bancaja y Sedesa (propiedad de la familia Cotino). Los dos últimos vendieron sus participaciones unos años después. Aunque lo intentaron con Iberdrola, finalmente lo hicieron a Endesa, obteniendo una plusvalía de 39,3 millones de euros.
Aunque tanto Vicente como José Cotino fueron detenidos en el marco de la operación la pasada semana, ambos quedaron en libertad. Para los investigadores, además del trozo de pastel y el beneficio económico que supuso para ellos la adjudicación de los parques eólicos, también habrían colaborado en el blanqueo de las comisiones que pagaron a Zaplana.
