La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como "el yonqui del dinero", un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Eduardo Zaplana.
Fuentes de la investigación han explicado a Efe que los agentes de la UCO hicieron aquel registro en los preparativos de la operación Taula, que culminó en enero de 2016 con la detención de 24 personas, incluido el presidente de la Diputación de Valencia y del PP en esa provincia, Alfonso Rus, y derivó en la acusación de financiación ilegal al PP valenciano.
El caso Taula es una derivación del caso Imelsa, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en varias Administraciones públicas valencianas y en el que Benavent era (y sigue siendo) uno de los investigados, dado que fue gerente de esta empresa pública de la Diputación de Valencia de 2007 a enero de 2015.
Poco antes del registro clave, en mayo de 2015, Marcos Benavent reapareció públicamente con aspecto hippie y admitió haber sido un "yonqui del dinero". Comenzó a colaborar en las investigaciones y anuncio que iba a hacer "mucho daño".
En uno de esos registros posteriores al inicio de la colaboración, los agentes hallaron un documento que no tenía nada que ver con la operación Taula pero en el que apreciaron suficientes indicios de actividades delictivas.
Las fuentes han confirmado que el propio Benavent fue al juzgado a confirmar la autenticidad del documento. Su versión es que se lo entregó un ciudadano sirio que le dijo que la encontró en una reforma de una vivienda que había pertenecido a la familia de Zaplana.
Ese documento acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que denunció los hechos e inició una investigación que ha llevado el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y que ayer permitió el arresto, entre otros, del expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana.
Se trata de la operación Erial, en la que se investigan presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.
El foco está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico, aprobado en 2011.
