El Consejo Ejecutivo de Canarias ha acordado este lunes autorizar la puesta en marcha de los mecanismos legales a fin de impedir que Airbnb pueda facturar servicios por alquiler casas o habitaciones en zonas turísticas de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria.
De esta forma, se establece unas limitaciones que, en parte, responde a las demandas de los municipios turísticos. En Canarias hay unas 31.975 viviendas dedicadas al alquiler vacacional, de las que solamente 6.600 funcionan de forma correcta. La norma que se aplica sustituye a la de 2015 que se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo.
A partir de mayo de 2019, coincidiendo con la temporada baja de turismo en las isla y una campaña de elecciones municipales, las viviendas que alquilen en formatos como Airbnb en las zonas de Canarias que compiten con turistas serían ilegales.
El consejero canario de Turismo, Isaac Castellano, de Coalición Canaria (CC), ha apuntado que el objetivo de las autoridades insulares es actualizar. La norma canaria se dirime en estos momentos en el Tribunal Supremo.
La norma canaria deja en manos de los gobiernos insulares y de ayuntamientos la decisión de decidir qué es suelo turístico. En Adeje o Maspalomas, las autoridades municipales estaban precisamente esperando un ordenamiento de este tipo.
Las islas de La Palma, La Gomera o El Hierro quedan fuera de este sistema legal porque ya se prevñé en la denominada Ley de Islas Verdes.
Castellano dijo que el Gobierno de Canarias aboga por «marcos flexibles» y que primará el criterio de los cabildos en caso de disparidad de criterios con los ayuntamientos. Los propietarios que se dediquen profesionalmente a este asunto deberán registrarse como operadores
El nuevo decreto sustituye al de mayo de 2015, que prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas sin excepciones y que está pendiente de una sentencia recurrida al Tribunal Supremo, por lo que no hay «vacío legal» y «en lo sustancial está vigente», afirmó Castellano.
