Pedro Sánchez prosigue su confrontación con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que hoy ha acusado de ser el responsable de que se prolongue el artículo 155 por haber firmado un decreto de nombramientos que incluye a los consellers presos y fugados.
El líder del PSOE ha asegurado tras la reunión de la Ejecutiva Federal que «al no Govern del señor Torra se le responde con la gobernabilidad de Cataluña». Sin querer entrar en detalles sobre una eventual prolongación y endurecimiento del artículo 155, Sánchez sí ha dejado claro que «no puede haber ningún vacío» de poder.
Sánchez ha recordado que la propia ley de Gobierno de la Generalitat exige el nombramiento de «todos» los consejeros. «Y eso ahora mismo no se da». «Quien prolonga el artículo 155 es el señorTorra», ha dicho Sánchez.
Preguntado en reiteradas ocasiones por si ese nuevo 155 podría incorporar la intervención de TV3, Sánchez no ha querido entrar en detalles, pero ha dejado claro que «todas las opciones estarán contempladas» en un 155 que será «diferente» porque «la naturaleza de la crisis también es distinta».
Pedro Sánchez ha escenificado hoy su decisión de confrontar personalmente con Torra como eje de su posición política respecto al desafío independentista. Los socialistas están convencidos de que el perfil de Torra «ha destapado las vergüenzas racistas del secesionismo». «El señor Torra no es más que un racista al frente de la Generalitat de Cataluña», ha dicho Sánchez.
El PSOE se encuentra muy cómodo defendiendo su posición desde un perfil de izquierdas siendo Torra quien asume la presidencia. Y van a explotar al máximo ese factor. La Ejecutiva Federal ha aprobado esta mañana una declaración política «contra la xenofobia y el supremacismo». Un texto en el que se critican las opiniones manifestadas en el pasado por Torra y en el que se plantea hacer «las modificaciones normativas adecuadas para agravar el reproche jurídico hacia aquellos dirigentes políticos que expresen ideas xenófobas, racistas o etnicistas».
En concreto el PSOE plantea una enmienda a su propia ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. «Aquellos cargos públicos que actúen planteando fórmulas de discriminacion a sus ciudadanos la sanción se verá agravada». Unas sanciones que se circunscribiría al ámbito administrativo y económico.
