Los que tenían la palabra ayer como testigos en el juicio de los ERE tampoco abrieron la caja de Pandora, aunque sí insistieron en algo: la presunción de legalidad que parece tan indisoluble a los actores que formaron parte del sistema por el que se repartieron los fondos públicos ahora bajo sospecha como la relación que existe entre herida y cicatriz.
Arrancó la jornada la ex coordinadora de la asesoría jurídica del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego agencia IDEA, Palma Muñoz, quien defendió que cuando ese ente tuvo conocimiento del convenio marco firmado en julio de 2001 entre el instituto y la Consejería de Empleo «aparte de no llamarle la atención ningún elemento», siempre supuso «que había sido informado por el gabinete jurídico de la Junta». Si bien, el que fuera el jefe del mismo en el periodo investigado, Francisco del Río, declaró que no sólo él no lo vio, sino que explicó ante el tribunal enjuiciador que ese documento debería haber sido visado por los abogados de Empleo, pero para que se hubiera realizado ese informe tendrían que habérselo solicitado y no se hizo. «Siempre partimos de la legalidad del instrumento», aseveró, no obstante, Muñoz, y a una pregunta del abogado Juan Carlos Alférez sobre si le constaba que los directores generales de IFA/IDEA actuaron con «plena confianza» de que «el rol de la caja pagadora» de la agencia estaba ajustado a ley», contestó que «nunca» tuvo «conocimiento de lo contrario».
Más allá de ese pacto-marco, la ex coordinadora de la asesoría relató que a partir de 2003, con Francisco José Oyonarte al frente, supieron de los convenios particulares, que llegaban «la mayoría de las veces firmados», y se hacía «un control» de éstos, una revisión formal, para que se respetaran «los procedimientos de autorización de gastos» que les exigía el reglamento de IDEA, lo que «no fue recibido bien» en Empleo. Se devolvían con anotaciones manuscritas, escasas, ya que, IDEA no tenía «ninguna capacidad de decisión» y «absolutamente todo venía decidido por el titular de la Dirección General de Trabajo» que era el que «determinaba» a quién y cómo «se transfería el dinero». Al letrado Alfonso Martínez del Hoyo le manifestó que sus superiores no percibieron «señales de alerta» que fueran relevantes para exigir a la asesoría jurídica hacer un análisis más detallado. Los abogados especialistas de ésta «nunca pudieron hacer un informe de la legalidad de esas órdenes de pago porque no se recibieron los expedientes de ayudas», pese a ello recalcó: «Nunca se trabajó con la mínima duda sobre la legalidad de lo que estábamos haciendo, estábamos cumpliendo y sobre una base absoluta de transparencia», proclamó. Pensaban, como parece muy habitual entre los declarantes en este juicio, que existía un proceso de concesión del dinero de la Junta «con acuerdo» a la normativa.
Le sustituyó en el estrado con un eje discursivo similar el ex presidente de Unicaja y ex miembro del Consejo Rector del IFA, Braulio Medel. Esto último no fue para él «una actividad significativa», sino más bien «simbólica». Sólo asistió a cuatro reuniones en la etapa analizada. Tampoco conoció el famoso convenio marco y no lo hizo hasta que fue «llamado» a la causa –estuvo investigado–. Con todo, afirmó que éste «no fue nunca aprobado ni ratificado» por el consejo al que no se le entregó «la documentación del mismo». «Yo no recibí ese documento», matizó luego, a interrogantes de Del Hoyo, quien le mostró además la referencia que se hacía a él en un acta, ya que el presidente de la agencia informó del mismo una semana después de la rúbrica, aunque Medel había negado que constara. En ese punto, aclaró que no estuvo en aquella sesión y dijo que, en cualquier caso, «para reconstruir la realidad de la trayectoria de las decisiones de cualquier organismo, las actas son la memoria existente y ahí no figura ningún debate, ni en el anexo el texto del convenio». Alférez quiso saber entonces si a nadie «se les suscitó la necesidad de pedir una copia» del convenio marco, a lo que repitió que «alerta no hubo nunca ninguna» ni de la Intervención ni de los servicios jurídicos «ni de nadie», por lo que «no parecía haber razón en primera instancia para solicitar nada». «Podíamos haber sido más precognocitivos», acabó lanzando, pero se suponía que había un departamento jurídico «suficientemente capacitado, responsable y eficiente». Se sacudió una responsabilidad que no cree tener con «sesgo retrospectivo» o sin él.
Mas datos
* El presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, dio un toque a «los señores fiscales» para que reduzcan a lo mínimo sus preguntas sobre las ayudas individuales de los ERE, que no constituyen el objeto de la vista oral que se celebra y que se centra en el procedimiento específico por el que se concedieron las subvenciones.
* Con todo, al final de la sesión, el magistrado se felicitó por que se había logrado «reconducir» el excesivo tiempo que se venía utilizando para interrogar a los testigos.
