El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha citado a declarar en calidad de testigo al interventor municipal del Ayuntamiento de Valencia que deberá comparecer el próximo 6 de junio, para dar explicaciones sobre el expediente por el cual la edil de Podemos del grupo municipal de «València en Comú», María Oliver, contrató a un compañero suyo en la organización política, para realizar un «Estudio del sistema educativo en el conjunto de la ciudad de Valencia», y por el que pagará 95.600 euros divididos en tres anualidad, de los que 22.500 serán de retribución directa a su compañero.
Además, se da la circunstancia de que la Corporación capitalina no tiene competencias en el sistema educativo, pues es algo que depende de la Conselleria del ramo, salvo en el área de educación de cero a tres años, que está expresamente excluida del estudio encargado.
Tampoco las tiene, al menos de momento, en la denominada jornada continua que, si bien señala que debe ser el Ayuntamiento el que ha de garantizar la atención a los niños en el horario no lectivo, el de Valencia se ha negado a colaborar alegando que no tiene ni fondos ni las competencias.
El expediente firmado por la edil Oliver tuvo varias advertencias del interventor, que dijo no ver la urgencia ni la necesidad, para sacarlo «a dedo» evitando la concurrencia competitiva: «no se acreditan en el expediente las razones de interés público, social o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten la convocatoria pública», señalaba en su informe.
Además, el interventor también objetó al importe y consiguió rebajarlo en unos cuatro mil euros al año.
En la denuncia que ha iniciado este procedimiento, el denunciante que es el asesor del PP, Luis Salom, señala que «es injustificable que la concejal de Educación, de Podemos, encargue la realización de un estudio, nada menos que por 100.000 euros, a un compañero suyo de partido, miembro del máximo órgano de Podemos en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencia Sociales de Valencia».
