El Consell de Mallorca ha aprobado este lunes una moción conjunta de todos los grupos con representación en la Cámara «a favor del cobro de la carrera profesional por parte del personal de la institución y la defensa de la autonomía local». Han votado por tanto a favor de dicha moción tanto los tres partidos que conforman el actual equipo de gobierno -PSOE, MÉS y Podemos- como las formaciones que están en la oposición, el PP, Cs y Proposta per les Illes (PI). En el citado texto también se insta a la Delegación del Gobierno a «retirar el contencioso administrativo» interpuesto recientemente por la Abogacía del Estado contra la carrera profesional y a «comunicar al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares el desistimiento del contencioso». El presidente de la institución insular es el ecosoberanista de MÉS Miquel Ensenyat
Los antecedentes de la actual polémica en torno a la carrera profesional -plus específico que perciben los funcionarios- cabe situarlos hace un año y medio. En diciembre de 2016 el Parlamento balear aprobó los Presupuestos de la Comunidad de 2017, que en una de sus disposiciones finales recogían una modificación puntual de la Ley de Función Pública. Dicha modificación parecía permitir, en principio, que las administraciones insulares y locales podrían abonar la carrera profesional a sus respectivos funcionarios. De hecho, el Consell de Mallorca acordó en marzo de 2017 actuar en consonancia con la citada modificación legislativa.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno presentó entonces un primer recurso contencioso administrativo contra el acuerdo adoptado por el Consell de Mallorca, solicitando medidas cautelares de suspensión. Ese primer recurso fue desestimado, por lo que la Delegación del Gobierno decidió presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que sí fue estimado, en concreto el pasado mes de abril. A raíz de esta última resolución judicial, la suspensión de la carrera profesional se empezará a aplicar ya a partir de este mes de mayo. Para protestar contra esa suspensión cautelar, el pasado jueves se concentraron en Palma unos 500 funcionarios ante la sede de la Delegación del Gobierno.
Argumentación jurídica
La Abogacía del Estado había argumentado en sus recursos ante la Justicia que el incremento retributivo a los funcionarios isleños superaría los límites que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Además, según la Abogacía, en estos momentos no existiría tampoco ninguna cobertura legal para la aplicación de los acuerdos relativos a la carrera profesional, ya que la modificación hecha en diciembre de 2016 de la Ley de Función Pública habría sido insuficiente. Para intentar solucionar esta última cuestión, el Parlamento regional aprobó inicialmente la pasada semana, a propuesta del PP, dos enmiendas de carácter corrector de la Ley de Función Pública.
Es en ese contexto previo en el que cabe situar que este lunes se haya presentado y aprobado en el Consell de Mallorca la moción «a favor del cobro de la carrera profesional por parte del personal de la institución y la defensa de la autonomía local». Dicha propuesta consta de tres puntos. En el primero se defiende «el cumplimiento» de la carrera profesional y se insta a la Delegación del Gobierno a «respetar la autonomía de las entidades locales a aprobar sus propios acuerdos». En el segundo punto se insta al Parlamento a modificar la Ley de Función Pública y en el tercero se insta a la Delegación del Gobierno a retirar el contencioso presentado.
El acuerdo aprobado esta mañana por el Consell de Mallorca, con el apoyo explícito del PP balear, deja entrever las divergencias a distintos niveles que parecen existir hoy entre la cúpula del partido, que preside Biel Company, y la delegada del Gobierno, María Salom. Cabe recordar, en ese sentido, que la pasada semana se abrió una crisis interna en el seno de los populares isleños, después de que hubiera trascendido que en estos momentos no existe una posición unívoca sobre cuál tendría que ser la postura que debería mantener la formación popular en materia lingüística en el Archipiélago.
Discrepancias internas
Las citadas discrepancias trascendieron el martes de la pasada semana, después de que se supiera que la Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, había presentado un contencioso administrativo contra una propuesta de carácter lingüístico aprobada por el consistorio del municipio mallorquín de Pollença en febrero de este año. En dicha propuesta se establecían las bases reguladoras de las subvenciones que la corporación otorgará en 2018 a las empresas que rotulen sólo en catalán, por un montante total de 5.000 euros. El PP de Pollença, aunque está en la oposición, había votado a favor de la moción del equipo de gobierno municipal. En ese contexto, podía interpretarse que el contencioso promovido por Salom cuestionaba el proceder de sus propios compañeros de partido.
De hecho, para la Abogacía del Estado las medidas lingüísticas impulsadas en Pollença pondrían de manifiesto «no el fomento del catalán como lengua cooficial en esta Comunidad Autónoma, sino la eliminación de la otra lengua cooficial, el castellano». En cualquier caso, tanto Company como Salom han evitado polemizar públicamente estos días sobre ese recurso. Aun así, diversos dirigentes populares, entre ellos varios alcaldes mallorquines, sí han criticado de forma más o menos directa a la delegada del Gobierno. Además, parece ser que el PP balear seguirá apoyando en los distintos consistorios de las Islas que se den subvenciones al catalán. La portavoz del PP en el Parlamento regional, Marga Prohens, ha dicho este lunes que su partido respaldará que se fomente el uso del catalán «donde haya una situación de desequilibrio» con respecto al castellano.
Cabe recordar, en este contexto, que las normativas lingüísticas que está aplicando ahora en la Comunidad la socialista Francina Armengol, con el apoyo de MÉS y Podemos, derivan en buena parte de las que fueron aprobadas en su momento por Ejecutivos presididos por el PP, formación que gobernó en Baleares ininterrumpidamente entre 1983 y 1999. En ese sentido, sigue aún hoy vigente la Ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1986 por el entonces presidente autonómico, Gabriel Cañellas. También se mantiene el llamado Decreto de Mínimos, aprobado en 1997 por Jaume Matas, que estableció de facto la inmersión lingüística en catalán en los colegios de Baleares. Fue también Matas quien en 2007 aprobó la Ley de Función Pública, que fijó que el conocimiento del catalán sería un requisito para los futuros funcionarios.
El PP siempre intentó consensuar todas las medidas lingüísticas que aprobó cuando gobernaba. Solo en la pasada legislatura, con José Ramón Bauzá como presidente autonómico, se modificó esa forma de actuar y se cambiaron en solitario varias normas lingüísticas. Así, el Decreto de Mínimos fue sustituido por un modelo de enseñanza trilingüe, mientras que el catalán pasó a ser sólo un mérito para quienes optasen a ser empleados públicos. Sin embargo, con Armengol se ha vuelto ahora a la situación lingüística que existía con Cañellas y con Matas. La única novedad en ese sentido sería el decreto del catalán en la sanidad pública, aprobado en marzo de este año. En este caso concreto la coincidencia entre Company y Salom sí que es total, pues de manera reiterada ambos se han opuesto con firmeza a dicho decreto.
