El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes en Madrid al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para hablar, según ha trascendido, de diversas cuestiones políticas, como la financiación autonómica, los presupuestos o el agua.
El encuentro entre ambos, que se ha prolongando durante más de una hora, tiene lugar después de un polémico tuit del secretario general en el que defendía terminar con los trasvases y potenciar las desaladoras, el cual indignó a los regantes levantinos. Días después desde Murcia Sánchez defendió el trasvase Tajo-Segura.
Fuentes del PSPV han señalado que en la cita se ha trasladado a Puig el apoyo «total» del PSOE a las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que se presenten desde los socialistas valencianos, y que suponen unos 473 millones de euros.
Sobre el pacto nacional del agua, según las mismas fuentes, coinciden en que el trasvase Tajo-Segura es «innegociable» y en que ese pacto deba incluir inversiones previstas para garantizar la optimización de recursos hídricos.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha comparecido en rueda de prensa, no ha mencionado que las presuntas irregularidades en la financiación del PSPV fueran objeto de conversación entre ambos líderes. Y eso que ha reconocido que sigue esperando el informe que la federación valenciana se había comprometido a realizar sobre su contabilidad interna. Aunque éste fue presentado en rueda de prensa hace días, Ábalos ha apuntado que no ha recibido nada, y ha pedido esperar a las «conclusiones de la Comisión interna» del PSPV.
El número tres del PSOE ha asegurado que este caso «no afecta en nada» a las expectativas de Beatriz Corredor porque por el momento «no estaba previsto» que asumiera ninguna responsabilidad. Aunque su nombre es uno de los que más suena para ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Pero sí ha venido a admitir que puede afectar a esas expectativas futuras: «Llegado el caso veremos cómo evoluciona».
Ábalos ha querido restar trascendencia al caso que afecta a Corredor, al que se ha referido como «un contrato de cientos de miles de euros», que en cualquier caso ha enmarcado en un «error administrativo». Ha asegurado que en aplicación del Código ético el PSOE ya ha pedido explicaciones a las las personas que están siendo llamadas a declarar como investigados, que ha limtiado a personas de carácter técnico y funcionario.
