El asesinato de tres dirigentes indígenas en los últimos días en Guatemala forma parte del aumento de la criminalización de sus líderes en el campo, denunció hoy el Comité de Unidad Campesina (CUC).
"Nos preocupa que en pleno periodo democrático y de paz, grupos armados asesinen a dirigentes indígenas y campesinos con total impunidad sin que las autoridades hagan algo para identificarlos y castigarlos", expresó la organización en un pronunciamiento público leído en rueda de prensa.
La semana pasada fueron asesinados los dirigentes Mateo Chamán Pau, Luis Arturo Marroquín y José Can Xol, dirigentes del Comité Campesino del Altiplano (Codeca). En los últimos años otros cuatro líderes del CUC también fueron asesinados en el interior del país, denunció.
"Denunciamos el aumento de la criminalización en el campo, la cooptación, corrupción e impunidad", expresó la organización en un comunicado con motivo de cumplir 40 años de lucha por la reivindicación de sus derechos y el de la tierra.
Recordó que el año pasado se registraron en Guatemala 12 desalojos y desplazamientos forzados, mientras que este año ya se registró uno y existen otras cinco órdenes para desalojar a familias campesinas e indígenas de sus tierras.
"A Guatemala la tienen secuestrada grupos de corruptos y criminales que no quieren el desarrollo de la población y quieren mantener cooptado a nuestro país para su propio beneficio", enfatizó.
El máximo dirigente del CUC, Daniel Pascual, sostuvo en rueda de prensa que el asesinato de los líderes indígenas "nos da la sensación de que se está incrementando la violación de los derechos humanos".
Manifestó que el Codeca mantiene una lucha por la nacionalización de los servicios básicos como el de la energía eléctrica y el acceso a la tierra, aunque evitó mencionar si a ello se deben los crímenes.
Anunció que mañana y pasado el CUC analizará la situación que atraviesan los indígenas y campesinos en el marco de una asamblea con motivo de sus 40 años de fundación. Pascual hizo un llamamiento a todos los sectores de la sociedad y a la comunidad internacional a estar vigilantes del actuar de los grupos criminales.
