Ana trabaja por cuenta propia. Sin embargo, es la empresa a la que supuestamente presta sus servicios la que marca su horario, su salario y sus vacaciones. Además, su asistencia al centro es obligatoria y controlada por la compañía. Ana es, en realidad, lo que se conoce como un falso autónomo, es decir, una persona cuyas funciones y relación con la empresa para la que desempeña unas determinadas funciones es exactamente igual que la de cualquier empleado con contrato laboral. La única diferencia y que, precisamente es la que lo convierte en un fraude de ley, es que la compañía no cotiza por este trabajador, ya que es él mismo el que asume el pago de su cuota como autónomo.
En España, se estima que existen unos 200.000 trabajadores en esta situación laboral, cuyo coste para las arcas de la Seguridad Social es considerable, más de 500.000 millones de euros, según los datos de la unión de autónomos UATEA. Sin embargo, un informe recientemente publicado por la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) rebaja esta cantidad al entorno de los 100.000 trabajadores. Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, sostiene que este dato evidencia que la tarifa plana ha tenido efectos «nulos» en el fomento de los falsos autónomos, al contrario de lo que se pensó cuando la misma entró en vigor en 2013. Asimismo, constata que la crisis ha reducido notablemente el número de estos trabajadores que desempeñan su actividad en estas condiciones. «Esta figura era muy recurrente en construcción –80% en 2008–. Con la crisis, muchos de estos trabajadores han sido expulsados del mercado laboral, lo que ha puesto fin a su situación de falso autónomo. No obstante, desde ATA, hemos percibido que en los últimos años se ha producido un trasvase de estos trabajadores desde estos sectores más tradicionales hacia otros, como el de los medios de comunicación», explica Ferrero.
