España participará como invitada en la reunión que mantendrán este lunes en México los cancilleres del Grupo de Lima, el bloque de países iberoamericanos que reclama al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela la celebración de unas elecciones democráticas, libres y justas.
La representación española correrá a cargo del secretario de Estado de Cooperación internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas, quien hace una semana afirmó en el Senado que consideraba la invitación como un reconocimiento al compromiso de España «en la búsqueda de una solución dialogada a la crisis venezolana».
García Casas agregó que España comparte la postura del Grupo de Lima de que las elecciones presidenciales convocadas por Maduro para el día 20 de este mes no cumplen las condiciones que garanticen su carácter democrático e igualitario para todos mayo. España considera que se debe mantener la presión internacional y coordinar con los socios de la Unión Europea la respuesta al escenario que se abra tras esos comicios.
El Gobierno de Maduro considera que España fue el impulsor de las sanciones adoptadas por la UE contra algunos dirigentes del régimen y reaccionó el 25 de enero declarando «persona no grata» y expulsando al embajador español en Caracas, Jesús Dilva, lo que provocó que el Gobierno de Mariano Rajoy, en reciprocidad, expulsara al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea. A mediados de abril, Maduro propuso a España —que lo aceptó— la vuelta de los embajadores para tratar de normalizar las relaciones en un intento de frenar otras posibles medidas europeas contra su régimen.
El Grupo de Lima está formado por doce países de la región (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) y se puso en marcha el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana con el objetivo de buscar soluciones a la crisis política de Venezuela.
Aunque el grupo se muestra muy crítico con el régimen bolivariano, hay en su seno discrepancias sobre la conveniencia de adoptar sanciones a Caracas por parte de los países del bloque, tal y como está reclamando Estados Unidos para tratar de forzar la salida de Maduro. Recientemente, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ricardo Ampuero, precisó que «las sanciones tienen que ser muy precisas y no dañar a los venezolanos, que están sufriendo mucho». Pese a todo, el Gobierno chileno es uno de los más combativos y el propio Ampuero ha dicho que de la reunión de México no puede salir «una declaración más con la cual el presidente Nicolás Maduro simplemente empapela su despacho», sino medidas que tengan un impacto concreto sobre la realidad venezolana.
