Pocos se imaginarán -y nadie se acordará- que presidir la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) era un honor, hasta el punto de que este cargo no estaba remunerado. Menos aún cuando el último directivo que ocupó el cargo, Modesto Crespo, se sienta en el banquillo por presuntamente llenarse los bolsillos con dietas millonarias, junto con otros 20 ejecutivos de la cúpula de la entidad, por avalar que él las cobrara.
El primero, Roberto López Abad, director de la caja y, por lo tanto, máximo responsable de su gestión, que diseñó en 2009 -según la acusación pública- este sistema para que Crespo compensara no tener sueldo, con 600.000 euros cobrados hasta 2011 por «una dedicación inexistente» en la sociedad participada por Tinser Capital SL.Anticorrupción pide para ambos penas de cuatro años de cárcel y multas de 120.000 euros, y de hasta tres años de cárcel y 81.000 euros de multa para los demás procesados, por supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal.
El expresidente, conocido en Elche y Alicante principalmente tras su trayectoria familiar al frente de varios concesionarios de automóviles, dio en la pasada década el salto a las cúpulas patronales de la provincia. Fue presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante, de la Institución Ferial Alicantina (IFA), del Patronato Nacional del Misteri d’Elx y de la Asociación de Empresarios del Metal de Elche (AEME), así como miembro de las fundaciones Puerto Alicante y Universidad Miguel Hernández (UMH).
El «chollo» que le autorizaron en la CAM contó con las bendiciones de la comisión de retribuciones y del consejo de administración, por lo que desde hoy acompañan a Crespo a la Audiencia de Alicante, entre otros, Armando Sala, Ángel Martínez, Benito Nemesio y Salvador Piles, que presentaron recurso de apelación sin éxito para no asumir 800.000 euros de fianza por las posibles responsabilidades en caso de condena.El expresidente negocia un acuerdo compensando con dinero la responsabilidad civil con la filial de Sabadell que absorbió a Tinser Cartera SL, junto con una confesión que servirían como atenuantes por la reparación del daño y, en consecuencia, una condena inferior a dos años, y podría evitar su ingreso en prisión al no tener antecedentes ni otras condenas pendientes.
La Fundación CAM ha abandonado esta causa judicial, por lo que la única acusación particular que queda es una plataforma de afectados por la quiebra de la entidad, la que llegó a ser la cuarta caja de España y la primera que cotizó en Bolsa a través de las ahora tristemente famosas cuotas participativas, equivalente de las acciones de una sociedad privada.
Tres de los exconsejeros, Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez, se enfrentan a peticiones de tres años de cárcel, mientras que para los 16 restantes es de dos años. Esta causa por las dietas es la segunda que ha sentado en el banquillo a Crespo, que quedó absuelto en octubre pasado del falseamiento de las cuentas que propició el engaño a miles de clientes inversores, por el que sí fueron declarados culpables los dos últimos directores (López Abad y María Dolores Amorós) y otros dos directivos más, con penas de entre dos y cuatro años de cárcel.
