El periplo judicial que arranca este lunes para el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi no puede ser más inoportuno para el PP, pues llega en el momento en el que incluso el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, se fija en esta ciudad y esgrime su ejemplo para defender que gobierne siempre la lista más votada. No en vano, los populares acaban de recuperar el poder en este feudo suyo de las últimas dos décadas.
Pero Alperi tiene mucho de qué preocuparse para pensar en que Luis Barcala acaba de conseguir la vara de mando y puede perjudicarle la estampa de un antecesor suyo de sus mismas siglas desfilando por los tribunales con peticiones que suman 20 años prisión por la sombra de la corrupción y el fraude fiscal.
Urbanismo y regalos forman un binomio difícilmente defendible y habitual durante años en la vida del exalcalde y antes también expresidente de la Diputación y de la Cámara de Comercio. Según consta en las investigaciones por sus dos causas judiciales, viajó a la isla de Creta en un jet privado pagado por el omnipresente constructor Enrique Ortiz, disfrutó de un amarre gratis en el puerto, y se dejó mimar por este mismo benefactor con dinero para viviendas o empresas de sus hijos.
A cambio de algunas de estas dádivas, la lupa de la Justicia está puesta en si amañó junto con su sucesora y antes concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el Plan General de la ciudad a favor de Ortiz, empresario que ya ha admitido en sede judicial que contribuyó a la financiación del PP, en otro asunto que se dirime en los tribunales.
Antes de llegar a ese juicio por una de las 18 piezas separadas del caso Brugal, que todavía no tiene fecha, Alperi se enfrenta desde este 7 de mayo sentado en el banquillo a la acusación de posible delito fiscal en los ejercicios 2008, 2009 y 2010, además de cohecho impropio por el amarre de su yate en la terminal deportiva sin pagar.
Los empresarios Antonio Solana -expresidente del desaparecido Alicante CF- y Antonio Moreno, así como el responsable del puerto deportivo, Javier Palacio, deben responder también por estos asuntos, en un proceso que se ha eternizado una década ya al ser derivado varias veces entre los juzgados alicantinos y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por cuestión de competencias, al haber sido Alperi diputado autonómico.
¿Alguien recordará tras el desenlace de ambos juicios que el tándem Alperi-Castedo cosechó para el PP unos 300.000 votos en cinco legislaturas de poder ininterrumpido con varias mayorías absolutas y el mejor resultado de ningún alcalde alicantino, en 2011 por parte de ella? En cambio, hoy por hoy están retirados de la política sin honores y el fiscal solicita para ellos 29 años de inhabilitación y multas millonarias por revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias con, entre otros indicios, la presunta entrega de los planos del urbanismo proyectado al empresario Ortiz antes de que se aprobara.
Su única esperanza remota de salir de un atolladero judicial parece reducirse a que prospere la petición de nulidad de las escuchas telefónicas que se dirimirá antes del 31 de mayo en otra causa destapada por el caso Brugal. Aunque las bochornosas conversaciones que revelaron esos pinchazos ya han destruido a estos personajes en la vida pública.
