El menor que nace con un trastorno en el desarrollo o con riesgo de padecerlo requiere una media de ocho sesiones de terapia al mes. Pueden ser trastornos cognitivos, del desarrollo del lenguaje, de la expresión somática, emocionales, de la regulación y el comportamiento o de la relación y la comunicación. Cuando esto se detecta, inmediatamente los padres se ponen en alerta. Una estimulación adecuada ayuda a superar en muchos casos el déficit manifestado por el niño. La detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento resultan fundamentales. El mal funcionamiento del sistema público actual obliga a muchas familias a recurrir al servicio de atención temprana privado, de pago, incluso aquellas que disponen de escasos recursos económicos. La media se sitúa entre 300 y 400 euros al mes en terapias. Esos padres ya saben cómo funciona la atención temprana en sus carnes, pero es probable que desconozcan que los centros subvencionados dejaron de dar más de 50.000 sesiones en 2017 pese a que la Junta les pagó su coste.
¿Qué sucede con el modelo público andaluz de atención temprana? En primer lugar, cuenta con una financiación inadecuada. El esfuerzo de la Junta de Andalucía, que presume de haber multiplicado el presupuesto en los últimos años hasta alcanzar en 2018 los 28,8 millones, resulta aún insuficiente para dar la cobertura que necesitan los 20.000 menores que Salud contabiliza en el sistema, sin incluir los miles menores de cero a seis años «invisibles» para la administración en todo el territorio de la comunidad.
En segundo lugar, y como denunciaba LA RAZÓN esta misma semana, porque el gasto real en terapias está muy lejos de las partidas presupuestarias anunciadas cada año. La suma del último trienio (2015-2017) no alcanza el 50%. En total, 25,9 millones sin ejecutar.
A estos dos condicionantes ahora hay que sumar un tercero menos conocido: la deficiente gestión que del dinero que hacen una parte de los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) dentro del modelo que impone la Administración. Según los datos facilitados por el Portal de la Transparencia a una consulta realizada por el presidente de la Plataforma de Atención Temprana y Discapacidad, Antonio Guerrero, a lo largo de 2017 los centros dejaron de impartir sesiones adjudicadas por valor de 912.451,70 euros. Es decir, que los menores andaluces han dejado de recibir más de 50.000 horas de terapia sólo en un año. A ocho sesiones por valor de 18 euros -precisamente ahora los contratos se amoldan al nuevo precio de 22 euros- de media durante doce meses, la llamativa cifra supondría un tratamiento acorde a las necesidades reales de más de 500 niños. Todo ello mientras multitud de padres han de compaginar las horas subvencionadas por el Gobierno andaluz con las privadas para que sus hijos avancen al ritmo idóneo.
Esta gestión poco eficaz afectó en 2017 a 69 CAIT de un total de más de 160 repartidos por todo el territorio andaluz. Más del 40% de los centros, por tanto, no impartió las sesiones financiadas. Una prueba evidente de que el nuevo decreto marco de 2016, la alternativa del Gobierno y Cs a la ley planteada por el resto de grupos de la oposición parlamentaria, no es la solución.
Según este nuevo modelo, la Junta paga mensualmente la parte proporcional del contrato. En noviembre realiza una primera liquidación de los diez primeros meses, y comprueba que se han efectuado las sesiones y atendido el número de menores previstos. Si no se alcanza el objetivo, se compensa en el undécimo mes. El pago de la duodécima mensualidad se realiza previa nueva comprobación. Sólo si no es posible la compensación en los sucesivos pagos se solicita el reintegro.
La Secretaría General de Salud Pública y Consumo emite las certificaciones y la diferencia a favor de la consejería, se irá compensando con el importe de las sesiones que cada entidad realice en los meses siguientes, hasta su total liquidación. Si al concluir el contrato no se ha podido realizar totalmente la compensación y se sigue adeudando alguna cantidad, el sistema de facturación continuará en la prórroga del contrato. Cuando se produzca la total compensación del importe de la liquidación, se procederá a facturar mensualmente el importe correspondiente a la doceava parte del importe del contrato vigente.
Hasta la fecha «no se ha producido devolución de cantidad alguna, ya que está siendo aplicada la compensación en pagos sucesivos». Conclusión: las sesiones perdidas no se recuperan, sino que quedan amortizadas.
Parte de la explicación de estos incumplimientos radica en los calendarios y en la planificación propia de los centros. Por ejemplo, si un centro cierra el mes de agosto, las sesiones deberían redistribuirse el resto de meses, pero pocas veces sucede.
