La jornada comenzó con un llamamiento a aligerar la pesadez. El presidente del tribunal enjuiciador de la pieza política de los ERE, el magistrado Juan Antonio Calle, pidió a las partes que no hicieran preguntas «prescindibles» a los testigos, dado que tendrán que declarar 150, después de que el interrogatorio al primero, un comandante de la Guardia Civil, se prolongara durante dos días. Explicó que no pretendía «coartar» su labor, pero les instó a formular cuestiones «relevantes» de cara a sus intereses para no alargar «innecesariamente» el juicio en la medida de lo posible. La petición surtió efecto. El interrogatorio de la Fiscalía al segundo testigo, otro guardia civil, fue corto y los representantes procesales del PP-A no preguntaron, como tampoco la mayoría de las defensas. El sargento en prácticas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha participado en la elaboración de varios atestados del caso y ayer trasladó a la Sala que el rastro de datos y manifestaciones que ha manejado confirma la falta de «documentación previa», que existía en torno a las ayudas que se investigan, partiendo de la inexistencia de hasta las solicitudes formales de petición de éstas. Tampoco se comprobaba, manifestó, si los beneficiarios cumplían los requisitos para serlo ni hallaron memorias justificativas. «Más allá de la resolución» de concesión de las mismas que firmaban los ex directores generales de Trabajo, poco más encontraron.
Y hubo otra ratificación relativa a uno de los presuntamente rozados por la corrupción: el ex sindicalista y supuesto «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, encausado en otras piezas. El agente aseveró que éste cobró el 15% de una ayuda otorgada por la Junta a la empresa S A Manufactura Española del Corcho (Samec), a cambio de hacer todos los trámites, lo que supuso que se embolsara «unos 500.000 euros». Explicó que, según lo relatado por el administrador de Samec, fue a través de un conocido del ex ugetista cómo tuvo conocimiento de la posibilidad de que la Junta financiara pólizas de prejubilación para trabajadores y que le transmitió que obtendría la subvención siempre que se hiciera «a través» de Lanzas, por lo que se realizó un «contrato de colaboración» con él. El ex sindicalista hizo las gestiones, la ayuda llegó a la sociedad y se le «cedió» el mencionado 15%. El investigador sostuvo también que en otra de las empresas beneficiarias de los fondos públicos diseccionados, Gres Vilches, fue el ex trabajador de la aseguradora Vitalia Jesús Bordallo, el que comunicó la existencia de éstos. «Las ayudas vinieron a través de estas personas», resumió. En los expedientes de ambas entidades, admitió, se identificaron prejubilados que no habían trabajado nunca en las mismas, esto es, intrusos en sus ERE, y a una pregunta de la Fiscalía sobre si vio órdenes de pago de ayudas firmadas por el ex director general de Trabajo Juan Márquez con el visto bueno del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el agente de la UCO contestó que sí, en el caso concreto de Gres de Vilches.
Tras ese segundo testigo llegó el turno de Juan Manuel Domínguez, ex jefe de servicio de Relaciones Colectivas de la Junta entre 2000 y 2009, quien, entre suspiros y «no recuerdo», corroboró que junto a las subvenciones para las prejubilaciones, había otro tipo de ayudas cuyos destinatarios eran los sindicatos y los empresarios. Su importe se fijaba «normalmente» en «un convenio anual que se hacía entre la Consejería de Empleo y los agentes sociales». «Yo creo que era para la paz social», deslizó. Aclaró que se refería a los acuerdos de concertación, en los que se indicaba «a UGT tanto y a CC OO tanto», en función «del número de afiliados». Domínguez negó que se le consultara alguna vez sobre el uso del IFA –luego IDEA– como caja pagadora de los fondos que soportaron los ERE. Lo que sí admitió es que en la Dirección General de Trabajo «había personal administrativo que realmente realizaba las mismas funciones» que los funcionarios y en una última etapa quienes realizaban una «asesoría, por así decirlo, especializada en materia de ayudas». Entre ellos. dos conocidos en la instrucción: el ex diputado andaluz socialista Ramón Díaz Alcaraz, asesor «primero» de Guerrero, que se «quedó con el siguiente», Juan Márquez; y María José Rofa.
