La Audiencia territorial de Schweslig Holstein, en Alemania, consideró «inadmisible» el delito de rebelión por el que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, está procesado actualmente en España. A causa de esta decisión llevada a cabo por este tribunal alemán, Puigdemont fue puesto en libertad bajo fianza, a pesar de que todo parecía indicar que sería finalmente entregado a España donde su destino quedaría en manos de nuestra Justicia. Este movimiento de Alemania, no fue solo un gran golpe para la autoridad de España, sino también un duro encontronazo contra la reputación de la orden europea de detención (ODE). Una decisión, la relativa a Carles Puigdemont, que muchos consideran que debería haber correspondido a la Justicia española y que todo parece indicar que el juez encargado del caso del «procés», Pablo Llarena, estudia recurrir mediante un proceso prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pese a esta última decisión que ha afectado a España, un 75,2 por ciento continúa confiando en la Justicia europea y la cree, además, necesaria en nuestra sociedad. Los encuestados de entre 35 y 54 años, un 78,9 por ciento, son quienes más apuestan por ella. Casi siete de cada diez ciudadanos, un 69,9 por ciento, confían en los tribunales de la Unión Europa y creen, por lo tanto, que es adecuado que la Justicia española esté supeditada a la europea. Sin embargo, resulta curioso que más de la mitad de los encuestados, un 51 por ciento, piensen que la Justicia europea está politizada, siendo los jóvenes de entre 18 y 34 años quienes más se acercan a esta idea.
