El ministerio de Hacienda ha pedido a la Generalitat que aclare los motivos por los que en 2017 subió el sueldo a Carles Viver i Pi Sunyer, jurista clave del 1-O que dirigía el Instituto de Estudios de Autogobierno, cuando anteriormente había trabajado sin cobrar como Comisionado para la Transición
Nacional.
Así consta en una carta, a la que ha tenido acceso Efe, que el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha remitido a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, para requerir información sobre los gastos del 1-O en el marco de la investigación judicial por un delito de malversación en el proceso independentista.
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Esta documentación ha sido remitida al juez de Barcelona que investiga a varios altos del Govern por los gastos del 1-O, que también tiene sobre la mesa un informe de la Guardia Civil que advierte de que la interventora general no activó "ningún procedimiento" para denunciar un "intento fraudulento" de la empresa postal Unipost para cobrar una factura de 238.965 euros a la administración autonómica por gastos sobre el referéndum.
En la carta, del pasado 15 de febrero, el secretario de Estado de Hacienda requiere a la interventora de la Generalitat que aclare el incremento de la nómina mensual de Viver i Pi Sunyer, considerado el arquitecto jurídico del proceso hacia la independencia.
En concreto, Hacienda, tras detectar una subida de salario en la nómina de 9.538 euros que Viver i Sunyer cobró en julio pasado, pide a la Interventora que detalle el "concepto retributivo" de este incremento.
En el caso de que se trate de "gratificaciones", insta a la Interventora a que identifique la causa de tal remuneración y, si la subida salarial está vinculada a la publicación o elaboración de algún informe, documento o asistencia a cualquier tipo de evento, que también lo concrete.
Además, solicita a la Interventora que confirme que Viver i Pi Sunyer no recibió retribución de ningún tipo por ocupar el cargo de Comisionado para la Transición Nacional, desde el que anteriormente había diseñado jurídicamente el proceso independentista catalán.
