Mientras los ayuntamientos sudan la gota gorda para evitar que las familias que se encuentran en riesgo de perder su hogar se queden en la calle, el PDeCat lograba aprobar ayer por la tarde en el Congreso de los Diputados una ley para agilizar los desahucios exprés de viviendas ocupadas que no distingue ni a familias ni a propietarios. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ex activista de la PAH, advertía de que esta ley puede crear «una nueva burbuja inmobiliaria que amenaza con dejar a miles de familias en la calle». Y se llevaba las manos al rostro, al pensar cómo se lo van a montar los municipios, a quienes la legislación obliga a garantizar una vivienda a las personas en riesgo de exclusión social, para atender más desahucios. Colau dijo tener la sensación de que «el Gobierno no vive ni conoce los problemas que el país tiene con la vivienda» y advirtió al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que «si estos cambios legislativos provocan una oleada de desahucios, se los llevaré al despacho». «Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma», avisó.
La comisión de Justicia del Congreso en la que se aprobó el desalojo exprés coincidió con el balance que hizo el Ayuntamiento de Barcelona de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), un equipo que Colau creó hace dos años para ayudar los vecinos que corren riesgo de perder sus viviendas. El año pasado atendió a 2.351 familias, un 50% más que en 2016 –7.760 personas, 2.377 menores–. El 72% de las familias atendidas tienen ingresos inferiores a los 855 euros mensuales. Nou Barris es el distrito en el que se atendieron más casos, seguido de Sants-Montjuïc. Aunque en Ciutat Vella, la relación entre población y vecinos atendidos es superior.
Del total de procesos atendidos por la UCER –los 2.351 de 2017 y los 917 que estaban en marcha–, se resolvieron 1.362, aunque sólo en un 16% de los casos, que afecta a 218 familias, se evitó el desalojo. En un 12% de estos casos, se consiguió llegar a un acuerdo con la propiedad y se dieron ayudas a los afectados para pagar el alquiler. Mientras que en un 3% se cerró un acuerdo con entidades bancarias para que las familias se quedaran en casa, y en un 1% se alcanzó un pacto con la propiedad para incluir el piso en la bolsa de mediación.
La mayoría de los casos, un 58% se resolvió con una combinación de ayudas sociales y soluciones encontradas por las personas desalojadas, que cambiaron de alquiler o fueron acogidos en casa de un familiar o conocido. En el resto de casos, el Ayuntamiento ofreció una solución residencial, aunque apenas en un 18% de los casos pudo adjudicar una vivienda a través del Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial.
Colau recordó que el 85% de los desahucios son familias que no pueden pagar el alquiler. Y reclamó al Gobierno y a la Generalitat que se impliquen. «No nos pueden dejar solos», dijo.
