Según ha podido saber El Confidencial Digital, Traber, socio de la petrolera rusa PTK, ha entregado en los últimos días un dossier a su abogado en España, Ernesto Díaz-Bastién, elaborado expresamente para desacreditar a uno de los fiscales de la investigación, José Grinda.
Se da la circunstancia de que Díaz-Bastién defiende también al comisario Villarejo, que se encuentra en prisión provisional desde noviembre, a raíz de los resultados de la operación Tándem.
De hecho, Villarejo ha sido señalado por fuentes cercanas al caso como el autor de dicho dossier, ya que su contenido coincide con la información sobre el fiscal que en su día difundió el policía jubilado.
Se trata de dos denuncias contra Grinda por tenencia de pornografía infantil e intentos de abusos sexuales a una menor. La historia alcanzó cierto grado de difusión en el entorno judicial y en algunos medios de comunicación. Ambas denuncias fueron archivadas en su momento.
Villarejo dio a conocer esta versión del pasado del fiscal Grinda después de que este iniciara una investigación contra el empresario chino Gao Ping y solicitara la imputación de hasta 28 agentes de Policía que habían colaborado en sus negocios opacos.
De hecho, Villarejo se querelló contra Grinda y el también fiscal Juan José Rosa, que dirigían la investigación. Querella que a su vez fue denegada por el juez.
El objetivo de este polémico informe era, según ha podido saber ECD, llevar a juicio al fiscal y tratar de truncar su carrera. Grinda ha estado destinado en Anticorrupción desde que se creó el organismo, en 1995.
No es la única operación contra el representante de la Fiscalía. Hace dos años, Traber y el líder de la Tambovskaya, Gennadios Petrov, amenazaron de muerte a Grinda y a su familia, hasta el punto de que la fiscal general del Estado en aquel momento, Consuelo Madrigal, elevó una petición al Ministerio del Interior para que aumentara la seguridad del fiscal.
El Ministerio Público ha utilizado el escrito de dicha solicitud como prueba de los métodos violentos que acostumbran a utilizar los miembros de la mafia.
La Audiencia Nacional celebra estos días el juicio contra 26 miembros de la red, la mayoría de ellos, rusos. Su actividad consiste, principalmente, en llevar a cabo asesinatos y secuestros por encargo, así como operaciones de narcotráfico.
Sobre ellos pesa una petición de condena de entre cinco y ocho años de cárcel por presuntos delitos de pertenencia a asociación ilícita y blanqueo de capitales.
