A la Sala de la Audiencia de Sevilla que los juzga cada uno llegó con su equipaje y un camino recorrido. Ya han declarado los 22 ex altos cargos encausados en la pieza política del «caso ERE», incluidos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis ex consejeros. Están acusados de concertar sus actuaciones «de modo expreso o tácito» y de permitir «la entrega de subvenciones con total discrecionalidad», en palabras del instructor Álvaro Martín. Se juegan mucho, aunque unos más que otros, y sabiéndolo se han enfrentado a una montaña rusa de preguntas intentando canalizar a través de sus respuestas las estrategias exculpatorias marcadas por sus respectivos abogados. Desde ese lado, el de sus letrados, hacen balance de la ronda de comparecencias. «Los encausados de una manera homogénea han defendido la legalidad de sus actos y a diferencias de otras ‘macrocausas’ en las que son frecuentes los fuegos cruzados, todos y cada uno de los 22 declarantes ha sostenido un suelo común defensivo en torno a la legalidad de las transferencias de financiación –el instrumento presupuestario sobre el que puso la lupa la primera instructora del caso, la jueza Mercedes Alaya, ya que, según ella, se usó para esquivar los controles previos de la Intervención General de la Junta al permitir que, pese a que las ayudas las otorgara la Consejería de Empleo, las pagara un ente externo, el IFA, luego agencia IDEA–». Habla uno de esos abogados y añade: «A nuestro criterio los testimonios han sido sólidos, coherentes, se han sometido de manera ilimitada al profuso cuestionario del Ministerio Público y desde la perspectiva defensiva, han aclarado solventemente cuantos reproches de ilegalidad les han sido expuestos».
Varias de las fuentes de ese ala consultados por LA RAZÓN coinciden en que se ha evidenciado que «no sólo la Junta, también el Gobierno central, concedió fondos públicos con un fin sociolaboral similares a los analizados en la causa y de un modo parecido», además de que «se ha demostrado que el Parlamento andaluz conocía los autonómicos». Hay quien suma que esa línea de ayudas regional «fue una decisión» del Ejecutivo autonómico y «no de unos cuantos» y que «no se inicia con el convenio marco del 17 de julio de 2001 –suscrito entre la Consejería de Empleo y el IFA– sino ya desde 1999-2000, en la legislatura anterior». El mismo letrado apunta que ha quedado meridiano que no eran «fondos ocultos», ya que «a partir del ejercicio 2001 el sistema de ayudas se financia» mediante las mencionadas transferencias de financiación al IFA y «un programa presupuestario –el programa 31L, denominado mediáticamente 'fondo de reptiles'– que el Parlamento hace ley año tras año», que incluso se incrementó con modificaciones presupuestarias y al que «la Cámara de Cuentas no puso pegas».
Respecto al papel de la Intervención General, varias fuentes señalan que se ha puesto de manifiesto que, si bien censuró como «inadecuado» el sistema de transferencias de financiación, «jamás emitió informe de actuación», que hubiera provocado «la reacción y el cambio de modelo». Punto en el que recuerdan que el propio ex interventor general investigado, Manuel Gómez, declaró que «no tenía mucho sentido» dirigir a los consejeros los informes de control financiero en los que se alertó de irregularidades. Otro denominador común que destacan es que la mayoría de los encausados ha tratado de limitar el presunto fraude a las fronteras de Empleo y en concreto a las de la Dirección General de Trabajo, a la que han apuntado como organismo «competente» para «incoar, tramitar, resolver y custodiar los expedientes de concesión de ayudas»; la que tenía a su cargo, en definitiva, el «fondo de reptiles».
Otras fuentes ligadas al ámbito acusador, en cambio, el sustrato que subrayan del conjunto es «la desmemoria», fingida o no. El «no recuerdo» que tantas veces se ha oído a lo largo de la vista oral. Y otra constante: «Los señalados conocen mucho más ahora que cuando ocupaban sus respectivos cargos de materias que en teoría les podían competir». Lourdes Fuster y Luis García Navarro, los representantes procesales del PP, partido personado en la causa, lo tienen claro: «De las declaraciones de los acusados, con Chaves y Griñán manejando los hilos, lo único que se ha demostrado es que han hecho buen uso de su ‘derecho a mentir’». «En ningún caso han negado los hechos –argumentan–, sino que únicamente han dicho que los desconocían, y ello a pesar de los reiterados informes y memorias de la Intervención que llegaron, en algún caso, hasta el Consejo de Gobierno».
