El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, anunció ayer que los servicios jurídicos de la actual Generalitat decidieron sumar al ejecutivo catalán a la causa contra el ex president Artur Mas por el pseudo referéndum ilegal del 9–N de 2014 por iniciativa propia. Añadió que la denuncia presentada es por iniciativa propia, no por presiones ajenas.
Millo afirmó que la adhesión a la demanda contra Mas se debe a un «cambio de criterio» de los servicios jurídicos de la Generalitat , e insistió en que es una actuación acordada con el Gobierno.
La denuncia es por que presuntamente se destinaron fondos públicos para esa consulta ilegal, por lo que se pide al Tribunal de Cuentas que condene al ex president a devolver los 5,2 millones que costó la consulta, junto a los ex consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.
El actual responsable de la Delegación del Gobierno sí que precisó que, una vez establecido el cambio de criterio, la decisión se tomó «de acuerdo con los responsables del Gobierno, que tutelan todas las decisiones de la Generalitat durante el 155».
Sí que precisó que, una vez establecido el cambio de criterio, la decisión se tomó «de acuerdo con los responsables del Gobierno que tutelan todas las decisiones de la Generalitat durante el 155», que lo vieron con buenos ojos. El origen de esta causa se sitúa en una demanda interpuesta ante el Tribunal de Cuentas por Societat Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució,recordó Millo, y la Generalitat se sumó a ella ahora, cuando en un principio no lo había hecho.
«Ilegal»
El delegado del Gobierno ha defendido que la del 9 de noviembre fue una consulta «ilegal» y que, por lo tanto, es lógico que se busque restablecer los fondos públicos con los que se sufragó y que la justicia sitúa en los 5,2 millones de euros.
Recordó que, aparte de los ex consellers, la demanda por malversación afecta a Mas, pero también a los altos cargos de entonces Jordi Vilajoana, Lluís Bertran, Josefina Valls, Ignasi Genovés y Jaume Domingo.
Las defensas de los ex consellers cuestionaban que las asociaciones que presentaron la demanda ante el Tribunal tuvieran legitimación para reclamar a Mas el reintegro del dinero que el Govern gastó en el 9–N si la Generalitat, que es la institución perjudicada, no se sumaba a las acciones, según informaron ayer fuentes jurídicas.
No obstante, la demanda presentada por la Generalitat, intervenida con el artículo 155 de la Constitución, despejaría esas dudas jurídicas sobre el devenir del procedimiento en curso en el Tribunal de Cuentas. Falta por ver ahora la conclusión.
