La decisión de Mariano Rajoy de dejar la política catalana en manos del juez Pablo Llanera está demostrándose que es un error. Los magistrados están para juzgar los hechos, pero jamás pueden sustituir a los políticos con sus veredictos e investigaciones, porque éstos son de difícil comprensión para la opinión pública y pueden entrar en contradicción con el interés general.
