La Fiscalía General ha dado traslado a Anticorrupción la denuncia que la Comunidad de Madrid ha realizado sobre las presuntas irregularidades cometidas en el desarrollo del proyecto Campus de la Justicia. En concreto, le pide que inicie «una investigación penal» sobre diversas irregularidades que podrían ser constitutivas de «delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos», informaron fuentes fiscales.
Un informe elaborado por la Cámara de Cuentas en la que relata las irregularidades encontradas durante la fiscalización de la sociedad pública entre 2005 y 2015 acompañaba la denuncia que el pasado jueves presentó el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. Según la Fiscalía, dicho informe expone «diversas irregularidades», entre las que destacan «adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público», el «abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales sólo hay uno concluido que no puede ser utilizado» y «diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal».
Ahora será la Fiscalía Anticorrupción la que decida si hay indicios de criminalidad en la gestión de un proyecto inconcluso en el que se gastaron importantes partidas de dinero público. En caso de que lo considere, remitirá el caso al juzgado.
El pasado marzo PSOE, Podemos y Cs ya advirtieron en una denuncia a la Fiscalía, a la que no adhirió el Gobierno de Cifuentes, de la presencia de un «quebranto patrimonial» en el caso que ellos calculan que ha sido superior a los 130 millones de euros. La Comunidad se presentará como acusación particular si la Fiscalía encuentra indicios de criminalidad.
