Tal y como se preveía, el Gobierno dio ayer un paso que puede ser decisivo para blindar el actual marco que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) con los que operan aplicaciones como Uber o Cabify. El Consejo de Ministros aprobó elevar a rango de ley los dos preceptos básicos del decreto de 2015 que todavía regula el sector: la proporcionalidad y la habitualidad. La norma mantiene la necesidad de que los VTC obtengan una licencia administrativa para operar cuyo otorgamiento se supedita a la proporción de una autorización por cada treinta de taxi. Además, sigue obligando a que el 80% de los servicios trimestrales prestados por estos vehículos los realice en la comunidad autónoma en que está domiciliada.
El gran e importante matiz que introduce el hecho de que ambos preceptos se vayan a incluir ahora en una ley estriba en que quedan fueran del alcance de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). El organismo sí está facultado para recurrir un decreto ley, pero no un real decreto ley. De hecho, recurrió en el Tribunal Supremo el decreto de 2015 en un proceso que quedó visto para sentencia el pasado martes y cuyo dictamen podría quedar en papel mojado.
Fuentes jurídicas explican que, en el caso de que el Gobierno logre convalidar en el Congreso el real decreto ley antes de que el Supremo dicte sentencia, la resolución del Alto Tribunal no tendría efectos porque el objeto que juzga, el decreto de 2015, habría decaído frente a la norma superior en la que se recoge su contenido. Su efecto más inmediato sería que las más de 30.000 licencias de VTC que han solicitado las empresas en los últimos meses en previsión de la liberalización del sector quedarían bloqueadas porque la proporción legal del 1/30 se supera ya con amplitud. Como explicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en abril había 64.217 licencias de taxi y 7.058 de VTC en toda España, lo que supone una ratio de 1/9. No afectaría, sin embargo, a las miles de licencias pedidas durante el vacío legal del sector que hubo entre 2009 y 2015 y que está concediendo el Supremo.
El Gobierno se ha asegurado el apoyo parlamentario suficiente para refrendar la norma y evitar retrasos en su aprobación. PSOE, Podemos y Ciudadanos ya le han comunicado que votarán a favor de su convalidación.
Apoyo parlamentario
El apoyo de todos los grandes partidos cierra además una de las puertas para recurrir la norma. Al ser una ley, sólo puede recurrirse en el Tribunal Constitucional en un plazo máximo de tres meses desde su entrada en vigor. A esta instancia sólo pueden apelar 50 diputados, una autonomía o el Defensor del Pueblo. El apoyo de la mayoría parlamentaria ciega la primera vía. La segunda también está, de facto, bloqueada porque las autonomías siempre se han mostrado partidarias de regular el sector.
De la Serna aseguró que el Gobierno ha recurrido a un real decreto ley, una figura para la que deben concurrir los principios de urgencia y excepcionalidad, porque varias comunidades y ayuntamientos habían tomado medidas por su cuenta en los últimos meses para frenar a los VTC. Esto, dijo, hacía necesario garantizar una «regulación homogénea» en todo el territorio nacional. El real decreto ley garantiza la aplicación de unas condiciones únicas para las VTC en todo el territorio nacional.
