El Comité Nacional del Partido Demócrata denunció ayer ante un juzgado de Manhattan a Wikileaks, la campaña electoral de Donald Trump y Rusia por tratar de manipular a la opinión pública para interferir en las elecciones de 2016. Una demanda basada, antes que nada, en el saqueo de los correos electrónicos del Partido Demócrata en 2016, y cuya información acabó en manos de Julian Assange, que no dudó en filtrarla. Para los demócratas, y para los servicios secretos, y para parte de la opinión pública estadounidense, detrás de aquella maniobra estaban los servicios de espionaje rusos. La querella habla de crimen organizado e incluye cargos por piratería y conspiración fraudulenta. Lo nunca visto. Al menos, desde los viejos y explosivos días del Watergate. La demanda puesta por el partido en 1972 fue muy similar. Entonces los demócratas consiguieron 750.000 dólares por los perjuicios ocasionados por el allanamiento de su sede. Ahora se pide a los jueces que la indemnización a pagar se establezca durante el proceso, pero pretenden que sea multimillonaria. A las pocas horas de que se conociera la denuncia, la campaña tildó de «frívola» y «partidistas» estas acusaciones.
La interferencia del Kremlin, a través de la divulgación de documentos del Partido Demócrata filtrados por piratas informáticos rusos y por WikiLeaks, supuso una conspiración ilegal que perjudicó gravemente las aspiraciones de Clinton, según reza la demanda. Entre los nombres propios que figuran en ella encontramos a Roger Stone, Paul Manafort y George Papadopoulos. Tres viejos conocidos, investigados por Robert S. Mueller, el fiscal especial al cargo del Rusiagate. También menciona a Donald Trump Jr., el hijo mayor del gobernante; a su yerno, Jared Kushner, y a Roger Stone, un asesor suyo, como acusados.
Nadie dijo nunca que los rusos fueran capaces de alterar los resultados de las elecciones. Pero sí, y en eso insisten desde el Partido Demócrata hasta la CIA, que habrían tratado de destruir la confianza de los electores en Hillary Clinton, envenenar su reputación y, de paso, la del propio proceso electoral y las instituciones, discutidas desde la campaña de Trump por el tratamiento del FBI a la investigación de los célebres emails de la candidata. Los demócratas hablan de traición «previamente inimaginable».
El bombazo sale a la luz el mismo día en el que el departamento de Estado desclasificaba un memorando de 15 páginas escrito a lo largo de un año por el que fuera director del FBI, James Comey. Unos papeles donde no faltan los detalles sabrosos. Las disparatadas confesiones presidenciales. O el curioso tratamiento que Donald Trump dedicada al presidente ruso. Putin, por cierto, le había dicho que «en Rusia tenemos algunas de las putas más bonitas del mundo». Comey escribió sus notas en el coche que le llevaba por Pennsylvania Avenue, de vuelta a su despacho del edificio J. Edgar Hoover. Comey insiste en que transcribió los encuentros, una vieja costumbre del FBI, alarmado por las palabras y juicios del presidente y su inquietante capacidad para poner patas arriba las convenciones políticas más elementales.
Curiosamente nadie parece más satisfecho con la desclasificación que el presidente Trump. A su juicio, se reivindica que no hubo colusión entre su campaña y los servicios secretos rusos. Esto que escribió en Twitter: «Los memos de James Comey ya está fuera y muestran claramente que no hubo colusión ni obstrucción. Además, filtró información clasificada. Wow! ¿Continuará la cacería de brujas?». Para entender el porqué del entusiasmo hay que recordar que los documentos han sido desclasificados a regañadientes. Luego de un severo tira y afloja con los líderes de tres comités del Congreso, los congresistas republicanos Robert W. Goodlatte, Devin Nunes y Trey Gowdy. En su opinión el memorando absuelve a Trump de cualquier sombra de duda. Un veredicto reforzado estos días por la publicación de las memorias de Comey, repletas de pasajes más o menos escabrosos. Pero el pulso de los congresistas no es con Comey, que está amortizado, sino con el segundo del departamento de Justicia, el fiscal Rod J. Rosenstein. Un tipo independiente. Bastión del fiscal especial Mueller. Con el número 1 del Departamento de Justicia, el fiscal general Jeff Sessions, recusado por voluntad propia del Rusiagate, la Casa Blanca siente que las evoluciones del caso continúan demasiado lejos de su capacidad de maniobra.
Los congresistas argumentan que las notas de Comey demuestran que el presidente quería que las acusaciones de colusión, coordinación y conspiración entre su campaña y Rusia fueran investigadas «por completo». Se preguntan cómo es posible que Comey le considerase poco menos que un mafioso, alguien inadecuado moralmente, mentiroso y desleal, y al tiempo estuviera dispuesto a mantenerse en el cargo. Para Goodlatte, Nunes y Gowdy, la lectura del memorando desacredita la palabra de Comey, exonera al presidente de cualquier sospecha y más que cimentar un caso de interferencia y obstrucción a la justicia, debieran de ser la primera prueba a presentar para desacreditar esos cargos. Eso, claro, va por Mueller, y de paso por Rosenstein. Al primero le dicen entre líneas que no tiene caso. Mucho menos si sus fuentes son tan inconsistentes y volubles como las de Comey. Al segundo le advierten de que se le acaba el tiempo.
