La polémica sobre la utilización de fondos públicos para costear el referéndum ilegal del 1-O se ha convertido en un problema serio para el Gobierno por razones jurídicas y políticas. Desde Moncloa intentan calmar el malestar judicial y de la oposición con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, e inciden en que ofrecerán al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena toda la documentación de la que disponen porque es la Justicia «la que debe demostrar si hubo malversación».
Montoro ha negado el uso de fondos públicos y en el Congreso Mariano Rajoy también negó que la consulta se sufragara con dinero público. Moncloa volvió ayer a insistir en esta tesis: «La información que tenemos es que no hubo ningún euro público en el referéndum». No obstante, conceden que corresponde al juez determinar si hubo o no malversación de la Generalitat a partir de los datos de la Guardia Civil y de Hacienda.
El origen de la pelea está en que esa utilización de fondos públicos afecta de lleno al compromiso que en su momento adquirió el titular de Hacienda respecto a que el Gobierno no iba a permitir que se utilizara un solo euro para financiar la consulta ilegal. Montoro ya tenía de facto intervenidos los Presupuestos catalanes a través de la Ley de Estabilidad y del Fondo de Liquidez Autonómico. La intervención de las finanzas catalanas se produjo en 2017 y las facturas a los proveedores las pagaba directamente el Gobierno central. Ese control se intensificó aún más en julio del año pasado y ya en septiembre fue absoluto, cuando el órdago secesionista se materializó en todo el proceso dirigido a celebrar el referéndum del 1-O.
La decisión del juez Llarena de levantar el secreto de sumario en la pieza separada de malversación ha dejado en evidencia los indicios de la Guardia Civil para sostener esta acusación, de la que depende, además, el proceso judicial abierto en Alemania contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Los informes de la Benemérita apuntan a una posible utilización de 1,9 millones de euros de dinero público en actividades relacionadas con el referéndum ilegal.
Moncloa intenta enfriar la polémica pese a que dentro del propio Gobierno admiten informalmente que el error inicial, y ratificado esta misma semana por Montoro, ha sido la negación categórica del uso de fondos públicos, cuando una cosa son las facturas controladas por el FLA y, otra, el hecho de que dentro de todas las subvenciones y vías de financiación pública de la Generalitat «se han podido hacer trampas». El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo no cuestionó las palabras de Montoro, pero sí abrió la puerta a que los datos aportados por la Guardia Civil se puedan explicar por la falsificación de algunas facturas.
