La Guardia Civil sospecha que Diplocat, el organismo dependiente de la Generalitat encargado de impulsar la labor diplomática en el extranjero, abrió una cuenta bancaria en Bruselas días antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución el pasado 27 de octubre para eludir la intervención de la institución. Así consta en uno de los últimos informes aportados por el Instituto Armado a la causa en la que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena investiga por malversación de caudales públicos a los principales responsables del proceso independentista en Cataluña.
Los investigadores recelan del poder otorgado el pasado 18 de octubre (sólo nueve días antes de la aplicación del 155) por el entonces secretario de Diplocat, Albert Royo, en favor de un empleado del organismo, Pol Santalo, «para que única y exclusivamente pudiera abrir una cuenta bancaria a nombre de Diplocat en cualquier entidad bancaria situada en Bruselas (Bélgica)». Gracias a la información obtenida «a través de inteligencia financiera» y del listado de trabajadores obtenido por medio del Punto Neutro (una herramienta judicial para acceder a las bases de datos de instituciones y organismos públicos), la Guardia Civil acudió al Consejo General del Notariado «para conocer posibles actividades» de los empleados de Diplocat. Gracias a esas gestiones afloró el poder otorgado por el secretario del organismo ante un notario de Barcelona.
La fecha en que se lleva a cabo esa actuación con el objetivo de abrir una cuenta en Bruselas lleva a la Guardia Civil a pensar que puede tratarse de una «estrategia» para «evitar los efectos del artículo 155 y sustraerse de esa manera a la posible intervención del Estado». No obstante, precisa, «no se conoce si esa cuenta se llegó o no a aperturar».
Diplocat está en el punto de mira de la investigación por malversación por los 217.656 euros que se habrían pagado a los observadores internacionales en el referéndum ilegal del 1-O, de los que 40.591 corresponden a billetes de avión y hoteles (ver documentación adjunta del informe policial). La Generalitat utilizó a la Delegación del Govern ante la Unión Europea, dependiente de la Conselleria de Exteriores que dirigía Raül Romeva, para pagar 177.065 euros provenientes de fondos públicos a The Hague Center for Strategic Studies, la institución neerlandesa a la que se encargó supervisar el referéndum a través de diversos observadores.
