Otra pieza del «caso ERE» menos de la que preocuparse tienen tanto el ex consejero andaluz de Empleo José Antonio Viera como el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la exclusión de ambos de la «separata» centrada en la ayuda de 30.050,71 euros que el Gobierno autonómico concedió al Ayuntamiento de Santiponce, con cargo a la partida 31L, el mediáticamente conocido como «fondo de reptiles», para financiar lo armado en una feria de muestras y de artesanías.
Encajando partes de la historia, la titular del juzgado sevillano que instruye la «macrocausa», María Núñez, ya los había sacado de la causa, siguiendo además las directrices marcadas por el propio tribunal provincial según las cuales los ex altos cargos de la Junta que serán juzgados en la rama política no pueden volver a serlo en el resto de bloques. Pero la Fiscalía recurrió sus dos autos de expulsión, a la que también se opone el Ejecutivo regional, y ahora la Audiencia los ha rechazado y se ha alineado con la magistrada y con ella misma. En sus dos resoluciones, la Sección Séptima dispara con balas de oratoria al recordar al Ministerio Público que una de reglas esenciales del proceso penal es que su objeto lo constituyen hechos y no voluntades, intenciones o deseos. Insiste además en que, si a 15 de los 22 encausados en la pieza política, entre ellos Viera y Guerrero, se les está juzgando no sólo por crear y mantener el procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas, sino también por las consecuencias del uso de éste, es por el «afán globalizador» de la propia Fiscalía que le llevó a acusarlos de malversación continuada en ese proceso, además del presunto delito de prevaricación. Para la Audiencia es «del todo incomprensible» que se espere que permita, «vulnerando la Constitución», que tales acusados vuelvan a ser investigados y enjuiciados de forma separada «por cada uno de los hechos contenidos en la acusación en la pieza principal». En el caso concreto de Guerrero, recuerda que se le va a juzgar en la causa del procedimiento específico por haber concedido como director general de Trabajo 17 subvenciones a empresas y 114 ayudas sociolaborales como la que fue a parar al consistorio de Santiponce.
