Desde Ecologistas en Acción combaten lo que creen anómalo a base de tesón. En Motril (Granada) han detectado un punto urbanístico inflamable: el «pelotazo urbanístico» que, advierten, se gesta en torno a un futuro parque comercial que intentan frenar. A pesar de que el teniente alcalde de Urbanismo, Antonio J. Escamez, trasladó el pasado 11 de abril a esta organización en un escrito consultado por LA RAZÓN que se había ordenado la suspensión inmediata, vía resolución, de las obras en esos terrenos al «no ajustarse» las mismas a «la licencia» concedida, los conservacionistas denuncian que los trabajos «no se han paralizado» en la práctica, como demuestra nuevo material gráfico que han tomado y remitido a este periódico. Su abogado, José Antonio Cabrera, se desplazará hoy hasta Motril para mantener una reunión con el concejal de Urbanismo y el arquitecto municipal en la que planteará todas las dudas y «algunas certezas» de las que los ecologistas tienen en torno a un proyecto «rodeado de oscurantismo» que, avisan, tendrá graves consecuencias para los pequeños y medianos comerciantes del municipio. «Hablamos de una recalificación de suelo de vega que no tiene justificación alguna, dado que el Ayuntamiento tiene hectáreas de equipamiento sin poner en carga», argumenta el letrado.
Y es que a lo relatado se suma que el pasado miércoles se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) granadina un edicto rubricado por la alcaldesa de la localidad, la socialista Flor Almón –con una «firma ilegible», según consta en el BOP–, con el que se dio por aprobado «definitivamente» el «proyecto de urbanización de la U. E. MOT-21 del PGOU –Plan General de Ordenación Urbana– de Motril, promovido por Inmobiliaria Godoy Durán S L, que comprende la urbanización de espacios públicos del ámbito de la referida unidad de ejecución y las obras suplementarias exteriores». En relación a ese texto, fuentes de Ecologistas sostienen que «no se puede otorgar ninguna licencia antes del proyecto de urbanización, es decir, que es sólo a partir de ahora que se ha difundido éste, cuando se podrá conceder aquélla», defienden, con lo que tampoco podrían haber empezado las obras, insisten. «Sólo ellos saben lo que se traen entre manos», escurre Cabrera. A la espera de poder averiguarlo, las mismas fuentes anotan que «la ejecución simultánea de obras de edificación y de urbanización –para el alumbrado, alcantarillado, infraestructuras de suministros, viarios...– es una situación que sólo se puede autorizar en casos muy excepcionales debidamente justificados». El motivo en el que basan su afirmación es que «la legislación urbanística vigente lo que contempla es que hasta que no estén finalizadas y recepcionadas por la Administración local las de urbanización, no se puedan iniciar las segundas en las parcelas en las que estén previstas». «Es de sentido común», rematan.
