El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, anunció que la institución provincial solicitará una «moratoria» y la apertura de un «periodo transitorio» para aplicar el Real Decreto 128/2018, que obliga a los secretarios de los Ayuntamientos a encargarse también de las funciones de secretaría de las Juntas Vecinales que dependen de ellos, tras reunirse con los grupos políticos de la institución, ya que «no se puede hacer una norma de hoy para mañana».
Las primeras consultas que tanto el Colegio de Secretarios como la propia Diputación harán llegar al Ministerio tendrán que ver con «temas puntuales que preocupan de manera inminente», como las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) o las certificaciones de obra de los trabajos para los que la institución provincial ya ha adelantado financiación a las juntas vecinales. «Vamos a intentar echar una mano, pero no es fácil en este momento», explicó el presidente de la institución provincial.
Por otra parte, la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, también se puso del lado de las juntas vecinales y afirmó, en clara alusión al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que «España es mucho más que Atocha». Por ello, respaldó la medida impulsada por la Diputación de León e indicó que «desde Madrid no se puede plantear este tipo de cuestiones».
