El fiscal anticorrupción, Vicente Torres, ha archivado la denuncia del PP en la que advertía de la posibilidad de que la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, estuviera troceando contratos en las adjudicaciones de los servicios de limpieza de los centros sociales de la Comunitat Valenciana.
Según comunicó ayer una portavoz oficial de la Fiscalía «las diligencias de investigación penal se archivaron con fecha de ayer (por el miércoles) al no constar indicios de infracción penal», y más concretamente, de prevaricación.
Según informó ayer la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Les Corts Valencianes, el archivo de esta denuncia demuestra que la actuación del PP «no tenía fundamento» y manifestó su satisfacción y la de su equipo por la decisión de la Fiscalía.
«Al final la verdad solo tiene un camino», señaló, y lamentó «la estrategia del PP de hacer como la tinta del calamar y utilizar las denuncias para confundir a la ciudadanía para hacer ver que todo es igual y aquí todo no es igual y al final las cosas caen por su propio peso».
Denunció asimismo que el PP, con estas prácticas, «lo que quiere es parar el cambio político» a través de cualquier medio, ya sea «presentando denuncias que no van a ninguna parte, o calumniando e intentando meter en un mismo saco» a todos los gobiernos y hacer «una ceremonia de la confusión hacia la ciudadanía para que se harte de la política».
La vicepresidenta del Consell advirtió al PP que no les «van a callar y no van a parar los cambios», y que el Gobierno del Botànic va a seguir haciendo políticas «que mejoren la vida de la gente», poniendo a las personas «en el centro» de su política, «desterrando» la corrupción de las instituciones y sacando a los valencianos «de la situación de emergencia social».
Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario del PP y presidenta del PPCV, Isabel Bonig, manifestó en declaraciones a los periodistas en Les Corts que su formación «respeta» la decisión del Ministerio público, y «a diferencia del PSPV y Compromis» no van a «atacar como hizo Oltra» en el caso del dictamen del TSJCV en relación con el decreto de plurilingüismo.
La denuncia de los populares
La denuncia advierte de un presunto fraccionamiento «ilegal» del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores. Se habría dado en contratos relacionados con la limpieza de centros sociales y residencias. Así se impide la fiscalización por la Intervención.
