Vicente Ibáñez fue uno de los primeros 19 psicólogos forenses que la administración de Justicia contrató hace 35 años. Aunque hoy nadie entendería la ausencia de estos profesionales en los tribunales, en 1983 estaban a prueba.
Ese año es cuando tuvo lugar la primera contratación. “Fuimos 19 psicólogos y 19 trabajadores sociales”, recuerda este experto durante la VI Convención de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, en la que intervinieron, entre otros, el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Entonces se les contrató porque se acababa de aprobar, dos años antes, la ley del divorcio, en julio de 1981.
Aunque en aquella época desde ciertos estamentos judiciales no se comprendía la contratación de estos profesionales, “ahora nadie entendería el ámbito de derecho de familia sin que hubiera psicólogos forenses. Al igual que en el ámbito de menores, de lo penal, etc”. Pero entonces fue una idea pionera. Ibáñez recuerda que “hacía 13 años que habíamos salido del franquismo y de repente en España teníamos ley del divorcio y tribunales especializados con profesionales en su plantilla que ni los franceses, ni los ingleses ni suecos se habían imaginado que pudieran existir”.
La custodia compartida es un concepto que importamos los psicólogos del juzgado de familia. Este concepto y el de la mediación familiar, los importó Antonio Coi Ferrer de California” donde se hablaba de estas opciones entre la década de “los 70 y los 80”. “Ahora hay gente que en 2018 dice que la custodia compartida es un derecho y el propio Tribunal Supremo afirme que el mejor interés del niño es que la custodia compartida sea generalizada, no excepcional, porque llevamos más de 30 años explicando a la sociedad y a los jueces esto”. Ibáñez recuerda cómo en aquellos casos en los que las partes acordaban la custodia compartida, el fiscal presentaba una socilicitud de valoración porque le parecía muy raro. Es decir, iban en contra del modelo “del niño maleta”.
Hoy, Ibáñez es de los pocos profesionales de esta “tanda” que queda en activo y es el único psicólogo varón de los Juzgados de Familia de Madrid. Durante este tiempo ha analizado la conducta de menores incapaces de pronunciar una palabra, otros que sin llegar a diez años han desarrollado una estrategia de disociación, “teniendo” dos vidas, lo que les puede provocar graves problemas psicopatológicos en un futuro. Todo por la manipulación, o como dice el experto por las interferencias- de un progenitor u otro, o los dos. “También estamos ya detectando la misma situación con progenitores del mismo sexo”, apunta María José Catalán, presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses (APF).
“El menor es el que sufre en todos estos casos, eso no ha cambiado”, afirma Ibáñez. En ocasiones por falta de foco, en otros por ganar la batalla contra el otro progenitor y en otros movidos por intereses mucho más espurios, el uso del domicilio familiar. Si la custodia compartida fue un concepto que importaron los psicólogos forenses, hoy este experto hace hincapié en que “debería abordarse una adecuada modificación legislativa en materia de derecho de familia: la desvinculación del uso de la vivienda familiar de la atribución de la custodia”. “Muchas veces las disputas sobre quién se queda con la custodia es por quién se queda con la casa”, concluye.
