Según el mismo informe de la Guardia Civil, se pudo utilizar dinero de las subvenciones concedidas al grupo parlamentario Junts pel Sí (JxS) para sufragar gastos de promoción del referéndum del 1 de octubre. En concreto, los investigadores han identificado un pago total de 17.690 euros por el contrato de la cesión del espacio del Teatre Nacional de Catalunya, firmado por Jordi Turull -encarcelado el pasado 23 de marzo-,en calidad de presidente del Grupo Parlamentario Junts pel Si, para un acto celebrado el pasado 4 de julio que tenía como objeto difundir y alentar la participación ciudadana y sobre todo el voto del ‘Sí’ en el referéndum.
Un par de semanas después de aquél acto, la Guardia Civil acudió al teatro para requerir documentación por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investigaba los preparativos de la consulta en la causa que abrió por las conferencias del exsenador de Esquerra Repubicana Santi Vidal quien, entre otras cosas, desveló la existencia de partidas presupuestarias encubiertas para los fines secesionistas.
En cualquier caso y ante la "gravedad de lo constatado" en las investigaciones de la Guardia Civil, el partido liderado por Santiago Abascal ha reclamado la "inmediata" dimisión o el "cese fulminante" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el pasado lunes aseguró en una entrevista a 'El Mundo' que el 'procés' no se habría financiado con dinero público. Según señala VOX, el titular de Hacienda ha "faltado a la verdad" y ha causado "un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas", a la vez que "ha perjudicado igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania".
El partido ya había pedido este miércoles la dimisión del titular de la cartera de Hacienda si quedaba acreditado que el independentismo catalán había utilizado dinero de las arcas públicas para financiar sus intereses.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que enviará a Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015, así como todos los requerimientos bilaterales de información que se han realizado desde el Ministerio a la comunidad autónoma.
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